México

Las afiliadas de la CSI en México son la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el Consejo Nacional de los Trabajadores (CNT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

En la Práctica

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Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, dos líderes campesinos de la comunidad de El Paraíso, poblado con unos 6.000 habitantes, fueron asesinados el 16 de noviembre en el centro del municipio de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de Guerrero, cuando encabezaban una protesta de cafetaleros. El crimen se produjo al día siguiente de que anunciaran la creación de la policía comunitaria en el poblado.

En noviembre de 2013, los empleados de dos estaciones de gasolina de la Operadora Gasoil S.A. de C.V. en la ciudad de México. El Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del Distrito Federal (STRACC) explicó que la huelga se produjo tras haber fracasado las negociaciones para llegar a un acuerdo con la compañía. La compañía se negaba a reconocer al sindicato en una de las estaciones de servicio, despidió a siete trabajadores y emprendió otras prácticas que van en contra de los derechos laborales y la libertad sindical, según el sindicato.

Una investigación independiente de la compañía finlandesa de autopartes PKC en México, publicada en junio de 2013, reveló que PKC impuso un sindicato de protección sin el conocimiento de sus trabajadores, hostigaba y amenazaba a los trabajadores que quisieron afiliarse al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, manipuló las elecciones para derrotar al sindicato minero, y despidió a los simpatizantes del sindicalismo independiente.

El 7 de mayo de 2013, Honda México no respetó el convenio negociado con los trabajadores y despidió a cinco compañeros, como parte de una campaña de intimidación contra los trabajadores que promueve la empresa con el sindicato de protección SETEAMI. Todos los despedidos habían participado en la mesa de negociación tras el paro de 90% de la plantilla que tuviera lugar del 16 al 18 de abril, cuando los trabajadores manifestaron su inconformidad por la negativa de la compañía al reparto de utilidades.

El caso de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sigue sin resolverse. En 2009, la empresa de electricidad Luz y Fuerza fue cerrada arbitrariamente y sin consulta en lo que se ha considerado como un ataque abierto a uno de los sindicatos más importantes de México. Desde entonces, el SME ha estado luchando por conseguir la reintegración de esos trabajadores. En enero de 2013, la Corte Suprema dictaminó que no había ninguna obligación de volver a contratar a los trabajadores despedidos.

El 90% de los contratos colectivos son firmados por sindicatos falsos con las empresas, en los denominados contratos colectivos de protección patronal, con el fin de evitar la negociación colectiva de buena fe.

Una de las violaciones más graves tuvo lugar en la empresa de telecomunicaciones Atento Servicios relativas a un juicio de titularidad contractual promovido por el Sindicato de Telefonistas con el objeto de invalidar un contrato colectivo de protección patronal en favor de los trabajadores. Según informes, en el juicio se produjeron recuentos amañados.

Organismos públicos descentralizados como el Instituto Federal Electoral y otros organismos públicos niegan el reconocimiento a los sindicatos.

Las autoridades laborales no cumplen con la obligación de la inspección laboral en los lugares de trabajo. Entre los colectivos más vulnerados se encuentran mujeres y niños, ya que muchos trabajan desde la informalidad sin derecho a ninguna prestación laboral.

Las Juntas locales de conciliación y arbitraje informan que las demandas efectuadas en contra de las empresas son motivadas por falta de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), jornadas excesivas de trabajo, falta de pago de horas extras, traslado a lugares de trabajo en zonas alejadas de la fuente de empleo, salarios castigados y nulos derechos de sindicalización.

Diversos sindicatos independientes, entre los que cabe citar al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), que representa a los trabajadores en la compañía petrolera estatal PEMEX, el Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México (SNTGTM), el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM), el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y hasta otras 30 organizaciones afiliadas a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), han sido objeto de ataques violentos, intimidación y represión de los derechos sindicales durante todo el año.

Los empleadores, en colusión con el Gobierno, inventan y perfeccionan mecanismos para violar constantemente los derechos sindicales. El objetivo de las masivas violaciones es evitar la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras y destruir o debilitar sus organizaciones. Así proliferan los contratos de protección, la represión, las amenazas y el empleo de matones para atacar a los trabajadores organizados.

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