Desde que se llevó a cabo la denominada “campaña 709” de 2015, los arrestos y las amenazas contra numerosos abogados defensores de los derechos humanos y sus familias no han cesado. A finales de abril de 2017, Li Heping, un destacado defensor de los derechos humanos, fue condenado por “subversión del poder del Estado” tras pasar dos años detenido. Durante un juicio a puerta cerrada que se celebró en Tianjin, fue condenado a tres años de cárcel con una suspensión de cuatro años, lo que significa que, estando en libertad, el tribunal puede ordenar su arresto en cualquier momento. Li Heping ha sido acusado de haber utilizado reiteradamente Internet y de haber concedido varias entrevistas a medios de comunicación extranjeros para desacreditar y atacar el poder del Estado y el sistema judicial de China. El tribunal también le ha acusado de haber aceptado fondos extranjeros y de haber empleado a demandados remunerados.
Para muchos otros el calvario continua. Así pues, sigue sin conocerse el paradero de otro abogado, Wang Quanzhang, mientras que, según informes fidedignos, Jiang Tianyong fue torturado durante su detención, fue detenido sin haber sido juzgado y permanece desaparecido desde noviembre de 2016. En enero de 2017, el abogado representante de Xie Yang, otro abogado encarcelado desde noviembre de 2016, presentó pruebas de las torturas a las que había sido sometido su cliente, con la transcripción de una conversación en la que se describían los detalles de los abusos físicos y psicológicos que este sufrió durante su detención. El 12 de enero de 2017, el defensor de los derechos humanos Li Chunfu reapareció en un estado lamentable tras haber permanecido cerca de 17 meses detenido; actualmente sufre violentos ataques de paranoia y se le ha diagnosticado esquizofrenia. El 27 de febrero de 2017, once misiones diplomáticas en Beijing escribieron una carta a Guo Shenkun, ministro de la Seguridad Pública, expresando “sus crecientes preocupaciones por las recientes denuncias de tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes en casos relacionados con abogados y otros defensores de los derechos humanos que se encuentran detenidos”.