El 10 de agosto de 2015, un tribunal impuso a cuatro dirigentes sindicales de Thai Airways International Union (TG Union) el pago de más de nueve millones de USD en concepto de daños y perjuicios a la empresa, en un caso relativo a una protesta pacífica que tuviera lugar en 2013 y que desembocó en un convenio colectivo.
El convenio colectivo fue firmado por el sindicato y la dirección en enero de 2013, tras dos días de protestas en relación con los salarios y la seguridad en el empleo. El acuerdo concedía un aumento salarial y prestaciones que beneficiaron no sólo a los trabajadores sino también a cargos directivos de la compañía - entre ellos el presidente en funciones de la aerolínea. No obstante, un año más tarde, en enero de 2014, Thai Airways presentó una demanda por daños y perjuicios, reclamando un total de 9.281.349 USD a los cuatro dirigentes del sindicato que firmaron el mencionado convenio colectivo con la dirección. El tribunal falló a favor de la aerolínea en agosto de 2015.
En enero de 2016, TG Union, conjuntamente con la State Enterprise Workers Relations Confederation (SERC) y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, presentaron una queja contra el Gobierno tailandés ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por no proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Específicamente, la queja aduce que el principio de libertad sindical no está consagrado en la ley.