El 22 de mayo de 2018, la policía municipal cargó contra trabajadores que llevaban a cabo huelgas parciales reclamando mejores salarios, dentro de los túneles de las líneas H y E del Subte de Buenos Aires (operados por la empresa particular Metrovías). Los trabajadores tenían la intención de impedir la salida de trenes hasta el mediodía de esa jornada.
La acción de los obreros forma parte de la intensificación de una serie de luchas populares y de huelgas laborales provocadas por las políticas de austeridad, la explosión inflacionaria y la creciente crisis de deuda en Argentina.
Enviados por Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, docenas de policías antimotines con cascos, cachiporras y escudos de cuerpo entero, invadieron los túneles del Subte, empujando a los obreros hacia su interior. Fueron detenidos 16 obreros, incluyendo a Néstor Segovia, líder de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), sindicato disidente que el Gobierno no acepta y cuyos miembros son informalmente conocidos como “metrodelegados”.
El asalto policial es la última en una sarta de provocaciones agresivas contra estos obreros, que protestan contra suspensiones arbitrarias siendo acusados por fallos mecánicos, y de serles negado el derecho a pertenecer al sindicato que ellos prefieran. Militantes y delegados de la AGTSyP una y otra vez han sido llevados ante los tribunales.
El sindicato que la ciudad y la empresa aceptan, la Unión de Transporte Automotor (UTA) aceptó un aumento del 15% para este año, en tres cuotas, muy por debajo de la tasa de inflación. En los primeros cinco meses de 2018, los precios al consumo aumentaron un 9% (con una tasa anual de más del 20%). Para cuando los trabajadores del Subte hubieran recibido sus tres aumentos parciales, la inflación habrá corroído su poder de compra, dejándolos con una reducción en sus sueldos reales.
Tras el ataque de la policía antimotines, los obreros del Subte decidieron cerrar todas las líneas, exigiendo la libertad de sus compañeros detenidos. También se manifestaron frente a la comisaría donde permanecen retenidos. La municipalidad justificó la represión, afirmando además que los huelguistas apenas suponían una pequeña minoría de los obreros del Subte representados por la AGTSyP.
La represión de los trabajadores del Subte ocurrió poco después de un ataque por parte de 2.000 policías contra 300 obreros del frigorífico Cresta Roca, en la provincia de Buenos Aires, para desalojarlos de la entrada de la planta, donde protestaban por la suspensión de 1.000 trabajadores/as por los nuevos propietarios de la empresa. La policía antimotines cargó contra los trabajadores con balas de goma, gases lacrimógenos y cañones de agua. Dos trabajadores fueron detenidos, otros dos sufrieron lesiones como consecuencia de los gases lacrimógenos.