Barbados

Libertad sindical / Derecho de sindicalización

Libertad sindical

Discriminación antisindical

Barreras legales al establecimiento de organizaciones

Se imponen sanciones por organizar o afiliarse a una organización que no esté oficialmente reconocida

Cualquier sindicato que no haya sido registrado o disuelto en el plazo de tres meses a partir de su formación, y cualquier directivo del mismo, cometerá un delito sancionable previa condena por un tribunal de la magistratura, al pago de una multa de 25 USD por cada día que permanezca no registrado tras haber expirado dicho período (Artículo 12(4), Ley de Sindicatos). Cuando tras la retirada o cancelación de su certificado de registro, un sindicato continúe activo con otro propósito que su liquidación, cualquier secretario, administrador, miembro del comité o directivo del sindicato que siga en su cargo o que tome parte activa en sus operaciones podrá ser considerado culpable de un delito y pasible de la imposición por parte de un tribunal de una multa de 5 USD por cada día en que el sindicato continúe activo (Artículo 24(5), Ley de Sindicatos).

Restricciones al derecho de los sindicatos a organizar su administración

Restriciones al derecho a elegir representantes y autoadministrarse con plena libertad

Cualquier persona que haya sido condenada por un delito en virtud del Artículo 19 de la Ley de Sindicatos (Retención o utilización inadecuada de bienes sindicales) dejará de ocupar cualquier cargo que ocupase en el sindicato y quedará inhabilitado para ocupar cualquier cargo sindical a partir de la fecha de la condena (Artículo 20, Ley de Sindicatos). Los menores de 18 años no podrán ser miembros del comité directivo, administradores o tesoreros del sindicato (Artículo 25, Ley de Sindicatos).

Restricciones a la libertad para organizar libremente actividades y formular programas

Se establecen restricciones de fondo y de procedimiento respecto al uso de los fondos sindicales con fines políticos, y para aquellos miembros de un sindicato que deseen objetar la aportación de contribuciones al fondo político del sindicato (Artículos 35-38, Ley de Sindicatos).

Las autoridades administrativas están capacitadas para tomar unilateralmente la decisión de disolver, suspender o retirar el registro a organizaciones sindicales

Todos los sindicatos deben registrarse de acuerdo con la Ley de Sindicatos, o quedarán disueltos en el plazo de tres meses a partir de la fecha de su formación, o a partir de la fecha de cualquier notificación por parte del Registrador rechazando su registro (Artículo 12(1), Ley de Sindicatos). El Registrador puede retirar unilateralmente el certificado de registro a cualquier sindicato registrado, si en su opinión: (i) el sindicato ha vulnerado deliberadamente y pese a haber sido advertido por el Registrador, cualquier disposición de la Ley de Sindicatos; (ii) el sindicato ha dejado de existir; (iii) alguno de los objetivos del sindicato es ilegítimo; o (iv) las principales metas del sindicato, tal como se establecen en su Constitución, no corresponden a los objetivos que figuran en la definición de un sindicato en base al Artículo 2 de la Ley de Sindicatos, o si el Registrador considera que las metas a los que aspira realmente el sindicato no guardan conformidad con dichos objetivos (Artículos 21(d) y 24(1), Ley de Sindicatos).

Derecho a la negociación colectiva

Derecho a la negociación colectiva

Obstáculos legales para el reconocimiento de los agentes de negociación colectiva

Ausencia de criterios o criterios discrecionales, inciertos o poco razonables para determinar cuáles son las organizaciones más representativas

La legislación nacional únicamente permite que los empleados estén representados en negociaciones colectivas si el 50% del personal está sindicalizado y no concede derechos de negociación colectiva a sindicatos minoritarios, por lo que se vulnera el derecho de todos los sindicatos presentes en el centro de trabajo a negociar al menos en nombre de sus propios miembros, si no alcanzan el umbral mínimo del 50%.

Restricciones al principio de negociación libre y voluntaria

Las autoridades pueden intervenir en la conclusión de convenios colectivos

Cualquier disputa, existente o prevista, puede ser remitida al Gobernador-General por o en nombre de cualquiera de las partes implicadas en la disputa, y el Gobernador-General se encargará de considerar la cuestión, adoptando las medidas que considere necesarias para promover una solución de la misma (Artículo 3(1), Ley sobre Disputas Laborales).

Disposiciones que entorpecen el recurso a convenios colectivos y su eficacia

Ausencia de mecanismos apropiados para fomentar y promover la maquinaria para la negociación colectiva

El Gobierno no apoya ni garantiza la negociación colectiva. La Comisión de Expertos de la OIT ha venido comentando esa omisión desde hace años. Teniendo en cuenta la ausencia de requisitos legales, la negociación colectiva únicamente tiene lugar cuando hay buena voluntad por parte de los involucrados o una tradición de ese tipo de negociaciones. No existe ningún mecanismo legal para garantizar la aplicación de cualquier convenio colectivo establecido.

Derecho de huelga

Derecho de huelga

Prohibición o restricciones para ciertos tipos de acción de huelga

Restricciones respecto al objetivo de una huelga huelga Forma más común de acción industrial, la huelga es el paro concertado del trabajo por parte de los empleados durante un tiempo limitado. Puede asumir diversas formas.

Véase huelga general, huelga intermitente, huelga rotatoria, huelga de brazos caídos, huelga de solidaridad, huelga salvaje (por ej. disputas industriales, cuestiones económicas y sociales, políticas, de simpatía o solidaridad)

La protección establecida en la Ley de Sindicatos únicamente se aplica en el caso de disputas laborales, que se definen como cualquier disputa entre empleadores y trabajadores, o entre trabajadores y trabajadores, relacionada con el empleo o no empleo, o los términos de empleo, o las condiciones de trabajo, de cualquier persona (Artículos 2 y 5, Ley de Sindicatos).

Restricciones respecto al tipo de acción de huelga huelga Forma más común de acción industrial, la huelga es el paro concertado del trabajo por parte de los empleados durante un tiempo limitado. Puede asumir diversas formas.

Véase huelga general, huelga intermitente, huelga rotatoria, huelga de brazos caídos, huelga de solidaridad, huelga salvaje (por ej. piquetes, huelgas salvajes, huelgas de celo, sentadas, huelgas de brazos caídos)

Las protecciones establecidas en la Ley de Derechos en el Empleo únicamente se aplican a la acción de huelga, definida como el cese de actividades por un colectivo de personas empleadas, actuando conjuntamente; o una negativa concertada, o una negativa en base a un entendimiento común, por parte de un grupo de personas empleadas, a continuar trabajando para un empleador como consecuencia de una disputa. Se emprende como medio para obligar al empleador o a una persona o conjunto de personas, o como medio de ayudar a otros empleadores a obligar a su empleador o a una persona o conjunto de personas a aceptar o no aceptar determinados términos o condiciones de empleo o que afecten a su empleo (Artículo 2(1), Ley de Derechos en el Empleo 2012).

Disposiciones que socavan el recurso a acciones de huelga o su eficacia

Sanciones excesivas en caso de daños ocasionados por acciones de huelga huelga Forma más común de acción industrial, la huelga es el paro concertado del trabajo por parte de los empleados durante un tiempo limitado. Puede asumir diversas formas.

Véase huelga general, huelga intermitente, huelga rotatoria, huelga de brazos caídos, huelga de solidaridad, huelga salvaje

El Artículo 4 de la Ley de 1920 sobre la Mejora de la Seguridad estipula que toda persona que voluntariamente interrumpa un contrato de servicio o de empleo, en conocimiento de que esto pueda causar daño a bienes muebles o inmuebles, será pasible de una multa o una pena de reclusión de hasta tres meses.