El 25 de junio y el 25 de septiembre de 2018, se llevaron a cabo dos huelgas generales convocadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y apoyadas por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA-Autónoma, en oposición a las medidas de austeridad previstas por el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional.
El acuerdo de préstamo se aprobó en junio 2018 después de que la moneda argentina perdiera un tercio de su valor en los primeros seis meses del año. En septiembre, el presidente Mauricio Macri publicó un vídeo en el que afirmaba que el FMI había consentido una aceleración de los pagos de sus préstamos. Al saberse que no existía tal acuerdo, el peso cayó rápidamente otro 15 por ciento. Desde entonces, Macri y el Ministro de Finanzas han anunciado medidas de austeridad adicionales con el fin de eliminar el déficit fiscal primario durante el año siguiente y no en 2020, como había establecido inicialmente el Fondo. La economía argentina ya se encuentra en recesión y es probable que una nueva ronda de medidas de austeridad la prolongue hasta 2019.
Las huelgas provocaron una parálisis general del servicio de transporte, hospitales, colegios, puertos y bancos del país. Los trabajadores argentinos, de manera unificada, reclamaban una revisión y un re-direccionamiento de la política económica del Gobierno, de momento dirigida a hacer recortes presupuestales que afectarían todos los servicios esenciales
servicios esenciales
Servicios cuya interrupción cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población. Pueden estar incluidos el sector hospitalario, los servicios de suministro de agua y electricidad, y el control del tráfico aéreo. Las huelgas pueden ser restringidas o incluso prohibidas en los sectores esenciales.
Véase Guía de la CSI sobre los derechos sindicales internacionales
del país, especialmente para las personas más vulnerables.