Ecuador - Contratación precaria del Estado denegando derechos laborales y sindicales

En junio de 2018, el Gobierno nacional ordenó a todas las instituciones públicas del país detener las contrataciones temporales de trabajo, con el fin de reducir el gasto público. El objetivo del gobierno es terminar con más de 160.000 contratos temporales, al menos 75.000 en modalidad de servicios ocasionales y 70.000 nombramientos provisionales. A través de esas modalidades de contratación, el Estado ha venido llevando a cabo las actividades propias de su gestión sin asumir los costos laborales, sindicales y de pensiones que implican los contratos permanentes. Sin embargo, cuando necesita reducir gastos, son estas relaciones precarias las que recorta, señalando los contratos como “irregulares” e “innecesarios” y trasladando la carga laboral a los trabajadores de la planta fija. Además, debido a la debilidad de la relación laboral, estos trabajadores evitan sindicalizarse para asegurar eventuales contratos con la administración.