El 28 de junio de 2016, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Minera Chinalco de Perú exigió a la empresa de origen chino la readmisión de los principales dirigentes de la organización, que fueran despedidos en represalia por una huelga que paralizó las operaciones de la mina de cobre de Toromocho. De esta manera se violó el derecho sindical que protegía a estos trabajadores.
El conflicto dio comienzo el 31 de mayo del 2016, cuando 800.000 trabajadores sindicalizados de la minera china Chinalco, ubicada en el distrito de Morococha en la provincia de Yauli (Región Junín) realizaron una huelga de cuatro días exigiendo que la empresa cumpliera con el pago de los bonos acordados y la mejora de las condiciones laborales. Después de esta manifestación la empresa envió notificaciones de despido al secretario general adjunto y a los secretarios de defensa y de prensa, bajo el argumento de que habían falsificado documentación sobre la asistencia de los trabajadores a la asamblea en la que el sindicato decidió ir a huelga.
El sindicato trató de llegar a un acuerdo con Chinalco Mining Corp., pero la empresa no se mostró dispuesta a negociar. Por esta razón el sindicato pidió la intervención de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Gobierno Regional de Junín. Aunque se programó una reunión entre las partes, los representantes estatales no asistieron, por lo que la conciliación no se pudo realizar.