El 21 de diciembre de 2016, decenas de policías irrumpieron en la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), en la amazonia ecuatoriana, y con total abuso de autoridad y violencia procedieron a la detención ilegal de su presidente, Agustín Wachapá, sin aportar orden judicial alguna. A continuación, los agentes allanaron las oficinas de la FICSH, causando destrozos en el mobiliario y llevándose las computadoras. Wachapá permanece retenido en la prisión de máxima seguridad cerca de Quito, pese a los llamamientos de Amnistía Internacional de que se respete escrupulosamente el debido proceso legal.
Agustin Wachapá fue acusado de “llamar públicamente a la agresión a la fuerza pública, y al enfrentamiento ciudadano” por la movilización y resistencia de las comunidades Schuar frente a las fuerzas de seguridad del Estado en San Juan Bosco. El conflicto estalló cuando en agosto de 2016 la comunidad indígena Shuar de Nankints fue desalojada y sus casas demolidas para la construcción de la mina de cobre propiedad de la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA). En dos ocasiones intentaron recuperar sus tierras. El 14 de diciembre, el segundo intento terminó en un duro enfrentamiento que se saldaría con un policía muerto y otros siete heridos entre las fuerzas de seguridad del Estado.
Tras estos hechos, el Gobierno ecuatoriano decretó Estado de Excepción en la provincia, suspendiendo derechos básicos como la libertad de asociación, el libre tránsito y el debido proceso legal, además de autorizar a los militares la facultad excepcional de entrar en los domicilios y detener arbitrariamente a cualquiera sin necesidad de pruebas ni orden judicial. Los líderes Shuar recurrieron a las Naciones Unidas y a otras organizaciones de derechos humanos reclamando que se realice el seguimiento de la militarización de esas tierras.
Aparte de la persecución de Wachapá, otros tres líderes de la comunidad Shuar fueron salvajemente asesinados por oponerse a la industria minera, Jose Isidro Tendetza Antun (2014), Bosco Wisum (2009) y Freddy Taish (2013). En algunos casos los testigos señalaron que los perpetradores eran empleados de la mina china, lo que demuestra un comportamiento sistemático contra la organización.