Una encuesta realizada en 2010 por la Oficina Central de Estadística Palestina reveló que el desempleo se situaba en un 17% en Cisjordania, frente al 38% en la Franja de Gaza. Alrededor de una quinta parte de los asalariados siguen subsistiendo por debajo del umbral de la pobreza. El estudio encontró además que 65.000 palestinos trabajan en Israel. Los palestinos empleados en Israel y en los asentamientos israelíes representan el 15% de la mano de obra palestina asalariada en Cisjordania. Se calcula que alrededor de 35.000 – 50.000 palestinos trabajan en los asentamientos, muchos de ellos de manera informal.
La legislación israelí teóricamente se aplica por igual a los trabajadores/as palestinos e israelíes que trabajan en Israel desde 2007. Sin embargo, la ley muchas veces no se respeta, los controles son escasos y, en caso de abuso, los trabajadores palestinos lo tienen muy difícil para obtener compensaciones o llevar al empleador a juicio. En muchos casos, los empleadores siguen pagando a los trabajadores palestinos sumas inferiores al salario mínimo israelí; además, tienen que trabajar en pésimas condiciones de sanidad y seguridad. Cada vez salen a la luz más casos de niños trabajando en los asentamientos, a menudo en la construcción, en muy malas condiciones de seguridad y sin seguro de ningún tipo.
Israel empezó a transferir los pagos adeudados correspondientes a las pensiones a los residentes en Gaza que habían trabajado en Israel antes de que se impusiera el bloqueo en la región. Según el acuerdo, el dinero sería transferido a las cuentas corrientes de 92 beneficiarios en Gaza. La mayoría de ellos trabajó en hospitales en Israel y el dinero había sido deducido de sus salarios para los fondos de pensiones, tal como requiere la ley.
En 2010, la Autoridad Palestina (AP) anunció que quedaba prohibido para los palestinos trabajar en los asentamientos de Cisjordania, como parte de una amplia campaña que incluía un boicot nacional de dichos asentamientos. Además de las malas condiciones de trabajo descritas más arriba, los trabajadores palestinos empleados en los asentamientos son víctimas de acosos, racismo y en ocasiones violencia. Sin embargo, la Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU) declaró que no prohibiría a los trabajadores trabajar en los asentamientos hasta que la Autoridad Palestina no les pudiera ofrecer un empleo alternativo. La prohibición debía entrar en vigor en 2011 anunciándose que se impondrían penas de hasta cinco años de prisión o una multa de 14.000 USD a cualquier palestino que se encontrase trabajando en los asentamientos israelíes. No está claro en qué medida aplicará la prohibición la AP, teniendo en cuenta que Israel todavía no ha levantado las restricciones al movimiento de personas.