En virtud de la legislación vigente, a los trabajadores del sector público, incluidas las empresas petroleras estatales, no se les permite formar sindicatos. Los trabajadores/as que organizan protestas son amenazados con ser detenidos o transferidos. Pero a pesar de las amenazas, han tenido lugar acciones colectivas en las principales regiones productoras de petróleo del sur del país. Las autoridades trasfirieron a líderes sindicales de la industria petrolera, obligándoles a abandonar sus puestos de trabajo habituales, con el fin de alejarlos de los sindicalistas y de las fuentes de protesta.