En 2018, el Gobierno nacional de Argentina mantuvo la negativa a realizar los procesos de negociación colectiva con los trabajadores de la educación. El Estado no abrió la convocatoria a la negociación paritaria nacional, lo que impidió que se aplicara el salario de referencia nacional, que es el marco para la negociación provincial. En el mismo sentido, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) fue excluida de la negociación colectiva con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ámbito donde existe un convenio colectivo), a pesar de haber suscrito con la entidad sindical un acuerdo en 2014 comprometiéndose a su inclusión y a negociar colectivamente. Esta exclusión dejó a los afiliados sin representación frente al Estado.
El 30 de julio de 2018, los sindicatos convocaron una marcha masiva que contó con la participación de más de 350.000 docentes, personal educativo y estudiantes universitarios reclamando mejores condiciones y la reanudación de las paritarias (reuniones entre el Gobierno y los sindicatos para establecer los incrementos salariales sectoriales en función de la tasa de inflación), que habían sido suspendidas por las políticas neoliberales introducidas por el Gobierno del Presidente Mauricio Macri. “Hay un proyecto nacional de deterioro de la educación pública”, manifestó en rueda de prensa Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Durante los Gobiernos Kirchner, las paritarias para los docentes se realizaban a nivel nacional. El Gobierno nacional ejercía a continuación presiones sobre los gobiernos provinciales a fin de mantener un incremento nivel salarial decente que se correspondiese con los niveles inflacionarios nacionales.
Sin embargo, el Gobierno Macri estableció un incremento del salario mínimo del 15 por ciento para todos los puestos de trabajo en Argentina, eliminando las paritarias nacionales, pese a que la tasa de inflación ascendió a cerca del 25 por ciento, con lo que los salarios tanto de los docentes como de otros trabajadores no conseguirían compensar la inflación.
En cerca de 60 universidades públicas del país se suspendieron las clases a partir del 6 de agosto de 2018, por una huelga de docentes que reclaman salarios decentes y en protesta por recortes presupuestarios.