En 2017, la União Geral dos Trabalhadores (UGT-P) señaló casos de discriminación contra los representantes sindicales a nivel de empresa, con amenazas de traslado y un control abusivo del crédito de horas, así como casos en que el empleador denegó a miembros del sindicato permiso para poder ponerse en contacto con los trabajadores. Las quejas respecto al acceso a los locales de las empresas o para mantener reuniones con la dirección resultan habituales en el sector privado y, más recientemente, también en la educación.
Aunque la legislación portuguesa establece que los empleadores tienen la obligación de proporcionar locales adecuados a los sindicatos para que puedan llevar a cabo sus actividades, en muchos casos dichas facilidades no se proporcionan y en ciertos sectores, como los hospitales por ejemplo, este incumplimiento de la ley se ha convertido en algo habitual.