Las trabajadoras y los trabajadores europeos continuaron siendo víctimas de ataques por intentar organizar sindicatos o llevar a cabo actividades sindicales legítimas en toda la región. Incluso en países con una larga tradición de relaciones laborales, se dieron casos de discriminación y represión antisindical en 2009. La crisis económica afectó profundamente a numerosos países europeos, provocando el despido de miles de trabajadores a causa de las reestructuraciones de empresas. En diversos países se organizaron protestas multitudinarias en respuesta a la incapacidad de los Gobiernos para hacer frente a la crisis y la adopción de medidas anti-crisis que hacen que los trabajadores asuman la mayor parte de la carga.
En la Federación Rusa, se remitió una queja a la OIT en relación con los continuos ataques contra los dirigentes sindicales y el hostigamiento antisindical, la injerencia del Gobierno, así como la denegación de registro y reconocimiento de sindicatos y la ausencia general de esfuerzos a la hora de investigar las violaciones de los derechos sindicales. Los sindicatos belgas presentaron asimismo una queja ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por violaciones al derecho de huelga. Se criticó al Estado por permitir que los empleadores se opusiesen a las acciones de huelga obteniendo la intervención de los tribunales civiles en disputas colectivas.
En Turquía no se han producido progresos para garantizar la plena protección de los derechos sindicales. Por el contrario, se registró un dramático incremento en el número de juicios cuyo objetivo era desbaratar sindicatos. Por otro lado, durante este año, numerosas manifestaciones fueron interrumpidas por la policía, en más de una ocasión recurriendo a la violencia para dispersar a los manifestantes. Al menos 61 trabajadores/as fueron arrestados en este país por participar en actividades sindicales y docenas fueron encarcelados.
La situación respecto a los derechos sindicales se ha deteriorado en Belarús. Aunque se desplegaron esfuerzos para remediar algunas cuestiones como la denegación de registro a los sindicatos y los despidos antisindicales, se vieron frustrados por la inacción por parte del Gobierno respecto al plan de acción para la implementación de la Comisión de Encuesta de la OIT, con el apoyo tácito de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB). No obstante, por primera vez en la historia, un tribunal ordenó la readmisión de un dirigente sindical que había sido despedido a causa de sus actividades sindicales.
En toda Europa los empleadores utilizaron diversas tácticas para obstruir las actividades sindicales y tomar represalias contra los trabajadores y trabajadoras. Los despidos volvieron a ser relativamente frecuentes en numerosos países incluyendo Croacia, Suiza, Polonia y Ucrania. En Rusia, un total de 60 sindicalistas perdieron su empleo en 2009 a causa de sus actividades sindicales. Otras estrategias antisindicales utilizadas habitualmente en la región incluyeron traslados, descensos de categoría e imposición de recortes salariales, además de hostigamiento y manipulación de los trabajadores/as.
En Albania, el Gobierno actuó de manera inesperada – aunque fuese a través de un proceso legal – despojando a los sindicatos de sus bienes e impidiéndoles por tanto funcionar con normalidad. Se ha registrado asimismo una alarmante tendencia a tomar como blanco a familiares de los dirigentes sindicales a través de distintas medidas incluyendo despidos. Los empleadores intentaron también debilitar los sindicatos en Georgia y en Ucrania, donde se interpusieron hasta 106 demandas contra los sindicatos y sus líderes, con el objetivo de sojuzgar al movimiento sindical. En el Reino Unido, en marzo salió a la luz una importante operación de compilación de listas negras.
Aunque esté reconocido, el derecho de huelga se ve indebidamente restringido en numerosos países de Europa, principalmente mediante el establecimiento de listas de “servicios esenciales” – en los que se prohíben o circunscriben las huelgas – que exceden la definición de la OIT, además de imponerse requisitos excesivos respecto a los servicios mínimos que han de prestarse en caso de huelga. En varios países, el derecho de huelga se reconoce únicamente en conexión con disputas colectivas. En ocasiones, cuando una huelga es declarada ilegal, tanto el sindicato convocante como los participantes en la huelga pueden ser penalizados, como es el caso en Serbia.
Los derechos sindicales de los funcionarios públicos son un tema preocupante en muchos países europeos. En Estonia, Grecia, Alemania y Ucrania, la ley prohíbe o limita considerablemente la capacidad de los funcionarios para emprender acciones colectivas. El derecho a la negociación colectiva puede estar totalmente prohibido para los funcionarios públicos como en Bulgaria y Alemania, o bien las leyes dejan muy poco margen para una auténtica negociación sobre las condiciones de trabajo, como es el caso en la República Checa, Letonia, Portugal y Turquía.
Conviene señalar que la aplicación práctica de la legislación sindical sigue siendo ineficaz en muchos países. Por ejemplo, en Georgia, los tribunales no hacen que se aplique la ley que prohíbe la discriminación antisindical, y en Croacia los procedimientos judiciales son largos, la aplicación de sus decisiones ineficaz y el control y seguimiento de las violaciones de los derechos sindicales deja mucho que desear.
Por último, y en otro orden de cosas, más de 700 trabajadores/as de los Balcanes fueron víctimas de la trata de personas para trabajar en la República de Azerbaiyán.