Son frecuentes los casos en que el Gobierno, en calidad de empleador, negocia de mala fe, tanto a escala nacional como de empresa. En el caso de las negociaciones mantenidas en el Republic Geodesy Institute, tras una convocatoria de huelga, el Gobierno formó un grupo de trabajo para redactar un programa de reformas y determinar el número óptimo de empleos en dicha institución. Los interlocutores acordaron un período de tiempo para llevar a cabo la redacción del programa. El Gobierno difundió en los medios de comunicación que se había llegado a un acuerdo y resuelto el conflicto colectivo pero, en la práctica, no hizo lo que dijo a través de los medios: el grupo de trabajo no cumplió su mandato porque los miembros representantes del Gobierno se negaron a convocar una reunión y planificar las tareas en el marco de tiempo acordado. En el conflicto sobre la redacción de la ley sobre el sistema salarial de los servicios públicos, considerada inaceptable por los sindicatos, el Gobierno procedió a una manipulación similar de la opinión pública a través de los medios controlados por el Estado. Dos confederaciones sindicales representativas anunciaron una convocatoria de huelga. Varios Ministros y el Primer Ministro anunciaron en los medios que el Gobierno aceptaba todas las reivindicaciones del sindicato, pero en la práctica no fue así. La información difundida generó una notable confusión entre la opinión pública y los miembros del sindicato, mientras el Gobierno continuó el curso del procedimiento legislativo.
Las negociaciones se suelen prolongar sin razón alguna, a nivel sectorial o de empresa, y ello imposibilita en la práctica llegar a la conclusión de un acuerdo. Así sucedió en las negociaciones del convenio colectivo sectorial del personal de guarderías de Belgrado con el Ayuntamiento de Belgrado como empleador y durante las negociaciones del convenio colectivo sectorial de empleados de colegios preescolares y de instituciones de educación secundaria en la República de Serbia.