En torno al 40% de la mano de obra contractual en Iraq es personal de servicio, procedente en su mayoría del sur asiático y África. Los medios de comunicación publicaron en junio un informe en el que se detallaban las malas condiciones laborales de los más de 70.000 “nacionales de terceros países” que trabajan para el ejército americano en las zonas de guerra, empleados por el Servicio de intercambio de la Armada y la Fuerza Aérea (AAFES, por sus siglas en inglés). A muchos les habían engañado con falsas promesas y la mayoría carecía de un permiso de trabajo. Muchos informaron de haberse visto privados de salarios, lesionados sin indemnización, sujetos a agresiones sexuales y retenidos en condiciones similares a la servidumbre, a manos de sus superiores subcontratistas. Los contratos se subcontrataban desde el ejército estadounidense a pequeños contratistas no supervisados que a menudo suministraban trabajadores procedentes de países pobres en unas condiciones equiparables a la trata de personas. Muchos trabajadores habían pagado varios miles de dólares, a pesar de las normativas de EE.UU. en contra del cobro de cuotas, y muchos tenían contratos que estipulaban 12 horas de trabajo al día, 7 días a la semana. Los trabajadores que se quejaban eran amenazados con el despido y con negarles un vuelo de regreso a su país de origen. Varios grupos de estos trabajadores fueron tomados como rehenes y asesinados.
En junio se informó que 30 trabajadores de la construcción procedentes de Sri Lanka, que trabajaban en el sur de Iraq, se declararon en huelga
huelga
Forma más común de acción industrial, la huelga es el paro concertado del trabajo por parte de los empleados durante un tiempo limitado. Puede asumir diversas formas.
Véase huelga general, huelga intermitente, huelga rotatoria, huelga de brazos caídos, huelga de solidaridad, huelga salvaje
de hambre durante cinco días para tratar de conseguir los salarios que se les debían, alegando que no se les había pagado durante los dos últimos años. La iniciativa se produjo tras una amenaza de suicido. Los trabajadores dijeron que les habían prometido a cada uno 2.000 USD al mes por trabajar para la firma de construcción Talat Osam al-Deen, en un proyecto de viviendas del Gobierno, pero que no habían recibido ni un sólo sueldo y que los dueños de la empresa habían desaparecido. El Gobierno iraquí intervino, pagando 3.000 USD a cada uno de los trabajadores y un vuelo de vuelta a su país.