Namibia

Los trabajadores de Namibia Wildlife Resorts (NWR) se manifestaron frente a las oficinas del Comisionado del Trabajo en Windhoek para protestar por el retraso a la hora de establecer las condiciones para hacer huelga.

NWR y el sindicato del sector público Namibia Public Workers Union (Napwu) habían llegado a un punto muerto en relación con las demandas sindicales para un incremento salarial del 12%. El bloqueo desembocó en que Napwu obtuviese un certificado de disputa no resuelta, lo que les autorizaba a convocar una huelga tan pronto como ambas partes acordasen las condiciones de la misma.

No obstante, en una petición dirigida al secretario permanente de trabajo, Matthew Shinguadja, la responsable sindical Selma Nathinge afirmaba que, pese a que el certificado de disputa no resuelta databa del 8 de noviembre de 2018, los empleadores seguían sin haber recibido las condiciones para la acción de huelga propuesta. Indicaba que todos los esfuerzos para reunirse con la dirección de la empresa habían sido en vano, añadiendo que NWR ha venido eludiendo reunirse con los representantes de Napwu para discutir dichas condiciones.

Cerca de 320 trabajadores de Rosh Pinah Zinc Corporation participaron en la huelga de una semana que dio comienzo el 17 de abril 2017 para protestar por el hostigamiento de los trabajadores que habían participado en una acción industrial el año anterior y por la negativa de la dirección de la empresa a atender otras quejas relacionadas con el trabajo. La empresa amenazó con despedir de inmediato a los trabajadores. La sectorial del sindicato de mineros Mineworkers Union of Namibia (MUN) y la empresa Rosh Pinah consiguieron negociar unas amonestaciones finales por escrito en lugar de los despidos. El NUM argumentó que lo que había provocado la acción industrial era la negativa de la empresa a atender las quejas de los trabajadores.

El Gobierno recurrió a diversas estrategias para retrasar y menoscabar la primera huelga nacional de docentes, convocada por el Namibia National Teachers’ Union (NANTU). La huelga estaba prevista para el 14 de julio, en apoyo a las demandas de un incremento salarial del 8%, apenas superior a la tasa de inflación.

El Gobierno no consiguió que el Tribunal Laboral prohibiese la huelga. Los trabajadores se vieron obligados a pasar por un largo período de conciliación impuesto por el Gobierno y facilitado por el Ministerio de Trabajo. Tras fracasar la conciliación, NANTU organizó una votación entre los docentes para aprobar la huelga, que obtuvo una mayoría de votos a favor de la acción. En respuesta, el Gobierno anunció que estudiaría opciones para contratar a “voluntarios” de dentro y fuera de Namibia que reemplazasen a los huelguistas.

La acción del Gobierno vulnera tanto la ley nacional como internacional. El Capítulo 7, Sección 76 de la Ley del Trabajo de Namibia de 2007 prohíbe el reemplazo de trabajadores que realicen una huelga legal.

La dirección de la empresa italiana Salini SpA se negó a entablar un diálogo con el Metal and Allied Namibian Workers Union (MANWU) para resolver el problema de las malas condiciones de trabajo existentes en la obra de construcción de la presa Neckartal cerca de Keetmanshoop. Suspendió además a dos representantes sindicales por presunta conducta indebida. El sindicato mantenía una disputa con la dirección en relación con diversas cuestiones, incluyendo la no aplicación del acuerdo firmado con MANWU, malas condiciones de salud y seguridad, discrepancias salariales, abuso de los contratos de duración determinada y el impago de subsidios de subsistencia a los trabajadores que se alojaban en el campamento de la obra. El 28 de junio, los trabajadores organizaron un paro laboral de una hora y bloquearon la entrada principal a la obra. La dirección se negó a entablar negociaciones y anunció su intención de recurrir al Tribunal de Trabajo para obtener un mandato judicial a fin de poner fin a la huelga. Llamó además a la policía para reabrir la puerta de acceso, de manera que los trabajadores que no estaban en huelga pudiesen entrar o salir libremente.

En varias ocasiones, los Tribunales de Namibia dictaron interdictos de facto socavando considerablemente el derecho de huelga. Fue el caso por ejemplo el 4 de diciembre de 2015 cuando, paradójicamente – a solicitud del empleador Nedbank – el interdicto fue dictado incluso antes de que la huelga anunciada por el Namibia Financial Institutions Union (Nafinu) tuviera lugar de manera efectiva.

Otro episodio similar tuvo lugar en noviembre de 2015 cuando pescadores namibios emprendieron una huelga masiva denunciando las condiciones esclavistas (trabajadores obligados a realizar hasta 15 horas al día sin recibir apenas comida, a cambio de salarios miserables y muy poco tiempo para pasar con sus familias entre una salida a la mar y otra).

En respuesta a esta acción colectiva, 12 compañías pesqueras obtuvieron el 7 de diciembre un interdicto de un Tribunal de Trabajo contra los pescadores en huelga, dos sindicatos y dos sindicalistas, porque la huelga no respetó todos los requisitos de procedimiento. Por tal motivo la huelga fue declarada ilegal, instando a los huelguistas de las 12 compañías, así como el Mining, Metal, Maritime & Construction Union, su presidente Evilastus Kaaronda, la Namibia National Labour Organisation (Nanlo), y el coordinador regional de Nanlo con base en Swakopmund, Immanuel Petrus, a abstenerse de incitar o alentar a los empleados de cualquiera de las compañías a tomar parte en huelgas “ilegales”. Además, la sentencia del Tribunal prohibía la intimidación, agresión, acoso o interferencia en relación con los empleados de cualquiera de las compañías pesqueras o con sus operaciones comerciales – lo que incluía la prohibición de hacer huelga, organizar piquetes o realizar cualquier otra acción industrial en un radio de 100 metros de los locales de las compañías.

El 14 de agosto de 2015, trabajadores de la mina de uranio Rössing, propiedad de Rio Tinto (representados por el Mineworkers Union of Namibia – MUN), organizaron una manifestación y entregaron una petición a la administración de la empresa para protestar por su comportamiento autoritario. En julio de 2015, Rio Tinto había instalado equipos de vigilancia en los camiones de transporte, sin consultarlo previamente con los representantes de los trabajadores, lo que constituye una violación del código de conducta de Rio Tinto “Cómo trabajamos”. La petición también denuncia: la victimización de los representantes de los trabajadores reclamando que se retiren los cargos contra los trabajadores que protestaron por la instalación de equipos de vigilancia, y que la administración cumpla con el código de conducta de la empresa y trate con respeto a los trabajadores.
El comportamiento de Rio Tinto, que pone en peligro las vidas de los trabajadores y amenazando su derecho a la negociación colectiva, había sido ya puesto de relieve en un informe de IndustriAll titulado “Cómo funciona realmente”. En 2015 se produjeron muertes de trabajadores de Rio Tinto en Canadá, Chile, Indonesia, Madagascar y Sudáfrica, y la empresa incurrió en violaciones de los derechos fundamentales a la libertad sindical, a un lugar de trabajo seguro, a la seguridad de las personas, así como violaciones de los derechos de los pueblos indígenas (consentimiento previo libre e informado; libertad religiosa y cultural; beneficios de la explotación de recursos) en distintos países.

El 19 de diciembre de 2014 los trabajadores de Shoprite tomaron parte en una huelga que afectó a numerosas tiendas de Shoprite y Checkers, reclamando un incremento salarial del 20% y el pago de salarios atrasados.

En respuesta a esta acción colectiva, Shoprite entabló un interdicto contra los trabajadores/as que hicieron una “huelga salvaje”, convocándolos a presentarse ante el Tribunal el 28 de enero de 2015. Al final el Tribunal condenó a los trabajadores ordenándoles abandonar los locales de Shoprite. Además dictaminó que el Namibia Commercial Catering Food and Allied Workers Union (NACCAFWU) y los huelguistas deberían hacerse cargo de pagar las costas legales, y reconoció como legítima la intervención de la policía, pese al uso desmesurado de violencia.

En agosto de 2015, apenas unos meses después de este episodio, los trabajadores de Shoprite volvieron a ser condenados por el Director del Ministerio de Trabajo, Phillip Mwandinga, que calificó una nueva huelga organizada a principios de mes como ilegal.

Según el Ministerio, tras el bloqueo en las negociaciones salariales entre trabajadores y dirección, los trabajadores deberían haber seguido el procedimiento adecuado, en lugar de intentar acelerar las cosas declarándose en huelga, haciendo que la huelga fuese ilegal. No obstante, el Sr. Mwandinga reconoció que se habían comunicado al Ministerio varios casos relacionados con explotación de los trabajadores por parte de Shoprite. Según el Ministro, no obstante, esto no autoriza a los trabajadores a tomarse la justicia por sus propias manos emprendiendo una huelga.

El 15 de junio de 2015 unos 200 trabajadores en Namib Mills organizaron una manifestación pacífica para protestar por las prácticas laborales injustas de la empresa. Presentaron además un pliego con sus reivindicaciones, incluyendo entre otros temas los salarios, a la dirección de Namib Mills.

La principal demanda guardaba relación con la readmisión de dos compañeros despedidos por la empresa, Desmond Nunuge y Mwilima Yamba. El primero fue despedido en base a supuestas alegaciones de haber robado azúcar, mientras que el segundo, un conductor de camión en Katima Mulilo, sería despedido supuestamente por haber robado correas de amarre a un cliente de NM.

En respuesta a los despidos, Haingura Christian, representante de los trabajadores, refutó las alegaciones, afirmando que Nunege había sido despedido por sensibilizar a sus compañeros respecto a determinadas prácticas abusivas de la empresa, mientras que el despido de Yamba obedeció a que había recibido una carta de información de la Namibia National Labour Organisation (Nanlo), el sindicato que representa a los trabajadores en NM. Haingura añadió que los trabajadores presentaron una petición en mayo de 2015 a la dirección de NM, sin haber recibido respuesta alguna porque la compañía no reconocía la legitimidad de Nanlo, a pesar de contar con la debida certificación, por considerar que no se trata de un sindicato sino más bien de una federación sindical.

The Purity Manganese Mine suspended 50 employees in March 2015 for going on strike. The workers were suspended on grounds of holding an illegal strike, following the death of a colleague, 33-year-old Charles Tuandi, allegedly from injuries sustained when he hit his arm against a window on the company’s premises. Workers were also angry because management refused to recognise their union, the Mineworkers Union of Namibia (MUN), had delayed the payment of salaries, and had a very poor health and safety record.

The company unilaterally cut normal working hours by half in late 2014 claiming financial difficulties. It closed between 27 November 2014 and 12 January 2015 and workers did not receive their salaries. When employees requested the pay due to them, they were confronted by police officers called in by the company.

“The delays in payment resulted in workers incurring debts and defaulting on payments and ultimately being listed as bad creditors. The workers’ pension subscriptions which were deducted from their salaries never reached the service providers, and the policies were cancelled for defaulting,” explained the general secretary of the MUN, Ebben Zarondo.

Zarondo said that these issues had been reported to the Ministry of Labour but no action had been taken against the company. Furthermore, during the mine’s 15-year existence, there had been five deaths of employees who were injured on duty, most of whom the company refused to compensate.

La mina Purity Manganese suspendió a 50 empleados en marzo de 2015 por haber hecho huelga. Los trabajadores fueron suspendidos por llevar a cabo una huelga ilegal, tras la muerte de un compañero de 33 años, Charles Tuandi, supuestamente como consecuencia de las lesiones provocadas al golpear con el brazo una ventana en los locales de la compañía. Los trabajadores protestaban además por el hecho de que la dirección se negase a reconocer su sindicato, el Mineworkers Union of Namibia (MUN), por retrasos en el pago de salarios, y por las malas condiciones de salud y seguridad.

La compañía redujo unilateralmente las horas de trabajo normales a la mitad a finales de 2014, aduciendo dificultades financieras. Entre el 27 de noviembre de 2014 y el 12 de enero de 2015 la mina cerró y los trabajadores no cobraron su paga. Cuando fueron a reclamar el dinero que se les debía, se encontraron con agentes de la policía llamados por la compañía.

“El retraso de los salarios supuso que los trabajadores contrajesen deudas e incumpliesen pagos y en última instancia quedar clasificados como malos deudores. Las contribuciones para las pensiones, que les habían sido deducidas de sus salarios, nunca llegaron al proveedor de servicios, por lo que las pólizas fueron canceladas por impago”, explicó el Secretario General del MUN, Ebben Zarondo.

Zarondo dijo que todos estos problemas fueron expuestos al Ministerio de Trabajo, pero no se tomó ninguna medida contra la compañía. Además, durante los 15 años de existencia de la mina, se produjeron cinco muertes de trabajadores relacionadas con el trabajo, y en la mayoría de los casos la compañía se negó a pagar compensaciones.

El presidente regional del sindicato minero Mineworkers Union of Namibia (MUN), John Ndeutepo, acusó a la empresa B&E International Namibia de intentar romper una huelga. Los trabajadores habían iniciado un paro laboral en la mina, el 16 de febrero de 2015, después de que 199 miembros del sindicato hubieran votado a favor de la acción de huelga. La compañía intentó desbaratarla concertando acuerdos individuales dentro de la unidad de negociación, y sobornando a empleados para que renunciasen a su derecho de huelga a cambio de un incremento salarial retroactivo a partir de finales de febrero. Los trabajadores reclamaban un aumento del 12 - 20 por ciento de su salario básico, asistencia médica, bonificación y ayuda para el transporte. La compañía ofreció un aumento salarial del 15 por ciento y 300 NAD como ayuda médica.

Namibia Beverages, empresa productora y embotelladora de Coca-Cola en Namibia, suspendió a dos enlaces sindicales, Johannes y Abraham, el lunes 8 de diciembre de 2014. La suspensión se produjo tras una acción por parte del sindicato para abordar las preocupaciones de los trabajadores/as, concretamente que estaban siendo discriminados y explotados únicamente a causa del color de su piel. Los trabajadores realizaron una manifestación de protesta frente al edificio de la compañía el jueves 11 de diciembre de 2014, reclamando una investigación sobre el comportamiento de la dirección.

Tras fracasar las negociaciones entre el First National Bank (FNB) y el sindicato del sector bancario, Namibia Bank and Allied Workers Union (NBWU), la dirección indicó que procedería a negociar los incrementos salariales individualmente con los trabajadores. El sindicato dejó claro que ello supondría una violación del acuerdo de reconocimiento vigente entre FNB y el sindicato. Además, el banco llevó a cabo prácticas laborales ilícitas durante las negociaciones, al amenazar e intimidar a los trabajadores/as sindicalizados

Los sindicatos y los trabajadores/as han expresado serias preocupaciones por la actitud de las empresas chinas de construcción, que ignoran sistemáticamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la legislación laboral del país. Un ejemplo este mismo año fue el de New Era Investments (véanse las violaciones de los derechos sindicales de 2012). A las empresas chinas les otorgan entre el 60 % y el 70 % de las licitaciones de construcción.

Los empleadores tienen la reputación de mostrarse por lo general muy hostiles hacia los sindicatos, negándose a reconocerlos o a dejarles llevar a cabo sus actividades en el lugar de trabajo, así como a participar en negociaciones colectivas con ellos. Esta tendencia prevalece sobre todo en las Zonas Francas Industriales (ZFI). Los más vulnerables a las violaciones de los derechos sindicales son los trabajadores/as de los sectores agrícola y del servicio doméstico.

Los sindicatos no afiliados al partido en el poder, el SWAPO (South West Africa People’s Organisation), han seguido estando marginados. Únicamente los representantes del National Union of Namibian Workers (NUNW) ejercen como miembros del Consejo de Administración de la Comisión de Seguridad Social y del Fondo de Pensiones de las instituciones gubernamentales.