El sindicato del sector de energía, agua y saneamiento de Rwanda, SYPELGAZ ha estado en los tribunales desde mayo de 2016 reclamando la debida compensación para cinco miembros de su ejecutiva, despedidos de manera improcedente.
La cuestión data de 2014, cuando el Gobierno de Rwanda decidió reformar la Autoridad de suministro energético, agua y saneamiento (EWSA), convirtiendo el ente estatal en una empresa comercial. Por aquel entonces, prácticamente todos los trabajadores de EWSA eran funcionarios públicos, en base a la Ley No. 87/2013 que establece los Estatutos Generales para el Servicio Público. El proceso de privatización desembocó en que EWSA se dividiese en dos compañías: Rwanda Energy Group (REG) para el sector de la energía, y Water and Sanitation Corporation (WASAC) para la distribución de agua y saneamiento; y se invitó a los antiguos empleados públicos a presentar nuevamente sus candidaturas para cubrir los puestos de trabajo, dado que todos los puestos en ambas compañías se consideraron vacantes. Este proceso derivaría en el despido de 700 trabajadores, en su mayoría sindicalizados, incluidos cinco de los dirigentes de SYPELGAZ.
SYPELGAZ inició un proceso judicial en mayo de 2016 para reclamar una compensación apropiada para los cinco miembros de su ejecutiva despedidos ilegalmente, así como varios otros derechos sindicales que les fueron denegados desde hacía tiempo. Tras escuchar los testimonios de ambas partes el 27 de noviembre de 2017, el Tribunal postergó su dictamen final sobre el caso hasta el 4 de junio de 2018.