China - Ocho trabajadores migrantes condenados públicamente a penas de cárcel por reclamar el pago de retrasos salariales

Un juez de la provincia de Langzhong, en Sichuan, condenó a ocho trabajadores migrantes –tres mujeres y cinco hombres– a penas de entre seis y ocho meses de cárcel. Antes de leerse el veredicto fueron alineados en una plaza pública, detrás de unas pancartas en las que se especificaban sus correspondientes pueblos de origen. Además de la presencia de varios centinelas armados con fusiles, cada uno de los trabajadores estaba flanqueado por guardias de policía y no pudieron disponer de un abogado defensor. Los ocho trabajadores fueron declarados culpables de haberse congregado el 16 de marzo delante de la oficina de su deudor, una constructora inmobiliaria, para reclamar los retrasos salariales que se les debía.

El “juicio” se celebró frente a una gran muchedumbre reunida para recibir lo que se conoce en China como “educación en la ley”, que consiste en condenar públicamente a los acusados para que sirva de lección a los ciudadanos. No obstante, a pesar de las intenciones de las autoridades, la reacción de los ciudadanos fue muy distinta a la esperada, y empezaron a acusar al empleador delincuente. Así pues, ante la indignación manifestada y las protestas colectivas que se produjeron, el Tribunal Popular de la Ciudad de Langzhong se vio obligado a eliminar de su sitio web las fotografías del juicio público. Los trabajadores chinos son conscientes de que los retrasos en el pago de los salarios son un gran problema para todos, y las protestas en este sentido son frecuentes y generalizadas en todo el país. Por ejemplo, a principios de marzo de 2016, miles de mineros de la provincia nororiental de Heilongjiang tomaron las calles después de que el gobernador alegara que no se les adeudaba salarios atrasados a ninguno de ellos, aunque finalmente terminó por admitir que se había equivocado.

En principio, los sueldos deberían pagarse antes de que los trabajadores viajen de vuelta a su lugar de origen, un mes antes de las vacaciones de Año Nuevo, pero muchos empleadores siguen sin hacerlo, en gran medida porque a los funcionarios locales les trae sin cuidado la inconveniencia que esto les supone a los trabajadores, y porque suelen estar además confabulados con los empleadores. La manera más fácil y más rápida de erradicar el problema es reprimir el conflicto, condenando a menudo a los trabajadores a penas de cárcel por reclamar el pago de los salarios, alegando obstrucción del tráfico o perturbación del orden público.

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