En febrero, la Asociación de Periodistas Iraníes declaró que al menos 34 periodistas permanecen en prisión, entre ellos dos mujeres: Nazanin Khosravani y Hengameh Shahidi. En enero aparecieron informes del arresto del Dr. Fariborz Raisdana, activista sindical y miembro de la Asociación de Escritores Iraníes y del Centro de Defensores de los Derechos de los Trabajadores. Las fuerzas de seguridad arrestaron en febrero a dos periodistas que trabajaban para Shargh, el único periódico reformista que queda. También en febrero sería arrestado el antiguo jefe de la Agencia de Noticias Iraní, mientras que otros cuatro periodistas fueron detenidos por cuestionar el arresto.
En marzo, Kaveh Ghassemi Kermanshahi, periodista iraní miembro del Consejo Central de la Organización por los Derechos Humanos de Kurdistán y signatario de la “Campaña de un millón de firmas”, fue condenado a cuatro años de cárcel por su presunta “actuación contra la seguridad nacional” y “propaganda”; mientras que Abdolreza Tajik, periodista y activista de los derechos humanos, fue condenado a seis años de cárcel por “pertenecer a un grupo ilegal”, y a un año por “propaganda” y “publicación de informes falsos”. En parte como respuesta a su cobertura de las manifestaciones, Jay Deshmukh, Director Adjunto del buró de AFP en Teherán, fue expulsado de Irán en abril y despojado de su tarjeta de prensa junto con otros diez corresponsales.
En diciembre, el Comité para la Protección de los Periodistas publicó un censo mundial de periodistas encarcelados, declarando la República Islámica de Irán como el peor país en ese sentido, con 42 periodistas en prisión. No obstante, otras estimaciones suministran cifras de en torno a 100 periodistas encarcelados desde 2009.