Los procedimientos judiciales son largos, lo que obliga a los trabajadores/as a esperar su resolución durante meses sin goce de sueldo siempre que intentan obtener reparación a una injusticia. Son muy pocos los trabajadores/as migrantes víctimas de la violación de sus derechos que disponen de los recursos financieros necesarios para sobrevivir durante ese tiempo de espera, por lo que regresan a su país sin haber iniciado un procedimiento.
Además, Qatar dispone de apenas 150 inspectores del trabajo y las inspecciones no incluyen entrevistas con los trabajadores/as. En estas condiciones, resulta difícil creer que las autoridades realmente tienen la intención de hacer cumplir su legislación laboral.