Según informes, las indemnizaciones que reclaman los directivos de empresas por motivo de conflictos laborales están aumentando. Y ello a pesar de un acuerdo establecido hace ocho años entre la mano de obra y la dirección para restringir las demandas de indemnización excesivas después de que una serie de trabajadores se suicidaran tras la interposición contra ellos de demandas desmesuradas. Varios sindicalistas estaban en la cárcel en 2011 a causa de actividades relacionadas con huelgas.
En un análisis de cinco lugares de trabajo grandes en los que existen conflictos entre la mano de obra y la dirección, se revela que la suma total de las demandas de indemnización interpuestas ascendía a 75.000 millones KRW (69,4 millones USD). Esta cifra incluye las demandas de 30.100 millones KRW por parte de Korea Electronics (KEC); 17.900 millones por parte de Kumho Tyres; aproximadamente 20.000 millones por parte de Hyundai Motor y sus subcontratistas internos; 2.000 millones por parte de JEI; y 5.377 millones por parte de Hanjin Heavy Industries (incluyendo una multa de 96 millones KRW contra una sola sindicalista, Kim Jin-suk, que organizó una protesta en lo alto de una grúa durante la mayor parte de 2011). Cerca de 910 líderes y miembros sindicales han sido demandados ante los tribunales.
KEC reclamó 30.100 millones KRW por daños y perjuicios incluso después de haberse concluido un convenio colectivo según el cual no se cobrarían indemnizaciones. Las empresas que han reclamado daños y perjuicios sostienen haber sufrido grandes pérdidas a causa de las actividades ilegales de los sindicatos y dicen estar siguiendo los procedimientos adecuados al exigir embargos e indemnizaciones por daños y perjuicios. No obstante, muchos delegados/as sindicales al parecer están perdiendo sus bienes personales y sufriendo depresión en consecuencia. En 2003 un trabajador de Doosan Heavy Industries, Bae Dal-ho, se suicidó por inmolación en protesta por la injusticia de las demandas de indemnización, y en octubre de 2003 dos líderes sindicales se quitaron la vida: Kim Ju-ik en Hanjin Heavy Industries y Lee Hae-nam en Sewon Tech.
Subyacente a la proliferación de las demandas de indemnización está la dificultad a la que se enfrentan los trabajadores a la hora de convocar huelgas legales. Todos los esfuerzos para organizar una huelga están considerados “ilegales” y las empresas se aprovechan de esta ilegalidad como pretexto para emprender acciones judiciales. En febrero Hanjin Heavy Industries emprendió unas medidas de reestructuración que resultaron en la pérdida de 400 puestos de trabajo, entre ellos 230 dimisiones voluntarias y 170 despidos. La huelga que se convocó en consecuencia fue declarada ilegal. Los trabajadores subcontratados para trabajar a nivel interno en Hyundai Motor convocaron una huelga para reclamar la conversión al estatus de empleado regular conforme a una orden del Tribunal Supremo, pero ésta también fue considerada ilegal.
La interpretación del Gobierno y los tribunales es que la reestructuración, la privatización, los despidos, etc. entran dentro de la categoría de derechos de la dirección y que por lo tanto las huelgas para impedir tales medidas no están permitidas. Según Kwon Du-seop, un abogado del Centro jurídico de la central sindical KCTU, las demandas por daños y perjuicios en el lugar de trabajo se están utilizando principalmente para suprimir el derecho de huelga y para acabar con los sindicatos. Persisten también las preocupaciones ante el favoritismo de los tribunales para con la dirección de las empresas durante los procesos judiciales.
El 24 de junio el Subsecretario General de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), Fernando Lopes, acompañó a una delegación que visitó la Asamblea General para informar sobre el uso reciente de una violencia excesiva contra los sindicatos de la República de Corea.