El 1 de enero de 2017 entró en vigor la controvertida Ley sobre la gestión de las actividades de ONG extranjeras en China continental. Las ONG extranjeras tienen que registrarse y presentar informes a los servicios de seguridad pública. Las ONG extranjeras no registradas, y sus asociados en China, tienen que cumplimentar un formulario para que el Departamento de Seguridad Pública apruebe todas las actividades e investigaciones que lleven a cabo en China. Varios centros laborales de ayuda a los trabajadores migrantes, vinculados a las facultades de Derecho de la Universidad de Wuhan y la Universidad de Nanjing, se han visto obligados a cerrar como consecuencia de la aplicación de esta ley.