En julio de 2018, el Ministerio de Producción y Trabajo impuso una multa de 2,7 millones de USD a la Federación de Obreros del Transporte Automotor de Cargas. Si bien no se publicaron los hechos que generaron la sanción, estaría originada en el supuesto incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por la autoridad el 26 de diciembre de 2017. Las supuestas huelgas fueron en realidad asambleas informativas de dos horas por turno, realizadas en el lugar de trabajo. El Ministerio no solo impuso la multa sino que inmediatamente entabló una acción judicial para obtener el embargo de las cuentas bancarias del sindicato, a fin de cubrir el monto de la sanción, que sería concedido de forma inmediata por el magistrado a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo n° 69, Dr. José Ignacio Ramonet. Posteriormente, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la sanción por defectos de forma y el monto excesivo de la multa impuesta.
En este mismo sentido, en agosto de 2018, el Ministerio de Trabajo impuso una multa de 8.000 USD a la Asociación de Trabajadores del Estado, por el supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria con SENASA en 2015.
Otro caso similar ocurrió en septiembre de 2018, en el marco del paro general y las movilizaciones convocadas por distintos sindicatos y organizaciones sociales y de trabajadores. El municipio de la capital de la provincia de Mendoza sancionó con multas a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), por cortar la calle durante las manifestaciones.