Vietnam

El 20 de noviembre el Parlamento de Vietnam aprobó las enmiendas al Código Laboral. Estas introducen un modelo dual de representación laboral a través del sindicato oficial, la confederación Vietnam General Confederation of Labour (VGCL) y las organizaciones de base representantes de los trabajadores (WRO, por sus siglas en inglés) elegidas por los propios trabajadores. Dichas organizaciones se registran bajo una autoridad competente y pueden ser invocadas, pero tienen los mismos derechos para reclutar miembros, negociar colectivamente, representar a los miembros en conflictos y hacer huelga. No obstante, las WRO disfrutan de muchos menos derechos que el sindicato oficial, a saber, el derecho a consolidar las organizaciones de nivel superior, a organizar con los empleadores las deducciones en nómina de las cuotas sindicales y a recibir apoyo financiero externo y extranjero.

En mayo de 2019, un tribunal de apelaciones de la provincia de Long An, en el delta del Mekong, dictó un importante fallo en relación con una huelga que tuvo lugar en agosto de 2017 en Giay Hung Nghiep, una fábrica de zapatos de propiedad china. A finales de 2018, un tribunal de distrito dictaminó que la empresa había despedido de manera improcedente a nueve trabajadores por participar en una huelga de medio día organizada por 28 trabajadores que reclamaban horas extraordinarias, pagos por servicios prolongados y bonificaciones por competencias Si bien observó que la huelga había sido ilegal, el tribunal falló a favor de los trabajadores, declarando que los despidos ilegales de la empresa eran mucho más graves que una huelga de medio día, y ordenó a la empresa el pago de una indemnización sustancial. La empresa recurrió, y el 22 de mayo de 2019 el tribunal provincial de Long An anuló el fallo, declarando que los trabajadores habían causado daños graves y sustanciales a la empresa y que habían fomentado los disturbios que habían puesto en peligro la seguridad de otros trabajadores e inversores.

El 21 de mayo de 2019, el Tribunal Popular de la provincia de Binh Thuan celebró un juicio contra Dang Ngoc Tan y Pham Thanh, dos de los participantes de unas manifestaciones masivas contra los proyectos de ley sobre Zonas Económicas Especiales y ciberseguridad que tuvieron lugar los días 10 y 11 de junio de 2018 en la provincia de Binh Thuan. Fueron condenados a 17 y 11 años de cárcel, respectivamente, por “destrucción deliberada de bienes públicos”, en virtud de la cláusula 4, artículo 178 del Código Penal de 2015.

Ambos ya habían sido procesados anteriormente por otros cargos. El 26 de septiembre de 2018, en un juicio contra 15 manifestantes, el Tribunal Popular del distrito de Bac Binh condenó a Pham Thanh a cuatro años y seis meses de cárcel, y a Dang Ngoc Tan a cuatro años, por “alteración del orden público”, en virtud del artículo 318 del Código Penal de 2015, por su participación en las protestas del 11 de junio de 2018 en la comuna de Phan Ri Thanh, distrito de Bac Binh, provincia de Binh Thuan. El 7 de marzo de 2019, Dang Ngoc Tan fue también condenado a tres años de cárcel por el Tribunal Popular del distrito de Tuy Phong, también en virtud del artículo 318, por su participación en las protestas del 10 de junio de 2018 en la ciudad de Phan Ri Cua y la comuna de Hoa Minh, distrito de Tuy Phong, provincia de Binh Thuan.

Dang Ngoc Tan y Pham Thanh fueron condenados a un total de 24 y 15,5 años de cárcel, respectivamente. Dang Ngoc Tan solo tiene 19 años.

A la fecha de redactar el presente artículo, 127 activistas que habían participado en las protestas de junio de 2018 han sido condenados o acosados por haberse sumado a las protestas. Se cree que las sentencias en este juicio son las más elevadas hasta ahora contra esos manifestantes.

Además, Tan y Thanh también tuvieron que pagar una indemnización de 3.600 millones VND (154.210 USD) y más de 1.000 millones VND (42.836 USD), respectivamente, por haber quemado cuatro camiones de bomberos y 12 coches de policía en la sede de la Oficina de Prevención y Lucha contra Incendios de la Policía de Binh Thuan durante las protestas del 11 de junio de 2018, según el acta de acusación.

La violencia ha sido uno de los motivos que las autoridades han utilizado para justificar el duro castigo contra esos manifestantes. Sin embargo, los propios activistas vietnamitas afirman que la violencia fue en realidad detonada por las autoridades, que enviaron a sus propios agentes de paisano para que se mezclaran con los manifestantes e iniciaran o provocaran escenas de violencia con objeto de justificar después el uso de medidas más severas para dispersar a la multitud, como gases lacrimógenos, cañones de agua, agresiones físicas y detenciones.

El fin de semana del 9 y 10 de junio de 2018, decenas de miles de vietnamitas se manifestaron por todo el país para protestar contra dos proyectos de ley sobre seguridad informática y sobre la creación de nuevas zonas económicas especiales. La protesta comenzó con la participación de cerca de 50.000 trabajadores y trabajadoras de la fábrica de calzado deportivo Pouchen, en la zona industrial de Tan Tao, en Ciudad de Ho Chi Minh, el mayor centro económico de Vietnam.

Miles de personas se concentraron en Hanoi, Ciudad de Ho Chi Minh, Danang, Nha Trang y otras ciudades, coreando y alzando pancartas en las que podía leerse “Di no al proyecto de ley sobre zonas económicas especiales”, “No al arrendamiento de tierras a China siquiera por un día” y “La ley sobre seguridad informática implica silenciar a las personas”.

Las manifestaciones demostraron el grado de descontento que existe en la sociedad con respecto a la corrupción sistémica, a la grave contaminación ambiental a gran escala, a la profunda desigualdad social y a la endeble respuesta del Gobierno frente a las violaciones por parte de China de la soberanía vietnamita en el mar, que es muy rico en recursos.

Las Fuerzas de Seguridad vietnamitas respondieron con agresividad a la convocatoria de manifestaciones pacíficas. Las autoridades enviaron miembros de las milicias y agentes de paisano a los domicilios privados de activistas locales para impedirles participar en las manifestaciones. Muchos activistas declararon haber abandonado sus casas antes del fin de semana y permanecido escondidos para evitar que las Fuerzas de Seguridad les encerraran.

El 10 de junio, las autoridades enviaron a un gran número de agentes de policía, miembros de milicias y matones para reprimir las manifestaciones. Se efectuaron centenares de detenciones y muchas personas resultaron heridas. Si bien la policía consiguió dispersar antes del mediodía las pequeñas manifestaciones que tuvieron lugar en Hanoi, las concentraciones en Ciudad de Ho Chi Minh y Nha Trang se prolongaron hasta la madrugada del lunes. La policía de Ciudad de Ho Chi Minh recurrió a unos dispositivos acústicos de largo alcance adquiridos en Estados Unidos para equipar buques patrulleros de la Guardia Costera de Vietnam, que generan un ruido extremadamente fuerte que puede provocar grave dolor físico y daños auditivos permanentes.

En Phan Thiet y Phan Ri, en la provincia central de Binh Thuan, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua contra los residentes locales. Uno de los manifestantes quedó inconsciente tras ser golpeado por la policía. Más de 500 manifestantes fueron arrestados e interrogados durante horas, y, en el tiempo que permanecieron detenidos, fueron golpeados y se les confiscaron los teléfonos móviles y sus objetos personales. La policía puso en libertad a muchos de los detenidos, pero retuvo a decenas de ellos, amenazando con interponer acciones judiciales por vulneración de las normas de seguridad nacionales y de “alteración del orden público”.

Mediante la ley sobre zonas económicas especiales, el Gobierno comunista de Vietnam quiere establecer tres zonas en lugares estratégicos, a saber, Van Don, Phu Quoc y Bac Van Phong, donde los inversores extranjeros podrían arrendar terrenos durante 99 años. Los activistas sospechan que el proyecto de ley es el primer paso para permitir a los inversores chinos adquirir terrenos y trasladar a trabajadores chinos sin formación a dichas ubicaciones.

La firma electrónica Bluecom Vina Company en Hai Pong incumplió su promesa de garantizar el derecho de los trabajadores a formar un sindicato. En respuesta, unos 1.000 trabajadores se declararon en huelga el 11 de abril de 2016, reivindicando su derecho a la sindicalización, así como una reducción de la jornada laboral y un incremento salarial. Venían realizando jornadas de entre 12 y 14 horas diarias, incluyendo sábados, por un salario mensual de 3.745.000 VND (165 USD), y en lugar de cobrar las horas extraordinarias en base a una tasa por hora, se les pagaba un suplemento fijo de apenas 100.000 VND (4,50 USD) al mes. Se pondría fin a la huelga una vez que el empleador aceptó respetar las horas de trabajo previstas por la ley, acordar un sábado libre al mes y pagar una asignación mensual de 450.000 VND (20,2 USD) por persona.

El 23 de noviembre, la activista de derechos laborales Do Thi Minh Hanh fue detenida y golpeada por la policía. Hanh, co-fundadora de la central independiente, Free Viet Labour Federation, y otro activista, Truong Minh Duc, estaban hablando con unos trabajadores/as que aseguraban haber sido despedidos ilegalmente por una empresa de propiedad extranjera a fin de darles apoyo y asesoramiento. Cuando llegó la policía, sacaron a rastras a Hanh y la golpearon en la cara y la cabeza y le aplicaron la llave del estrangulamiento. La mantuvieron detenida durante 13 horas, sin que se formularan cargos en su contra. Le confiscaron sus pertenencias personales y los folletos de defensa de los derechos laborales.

El 30 de septiembre de 2015 fue despedido Phan Sophat, Presidente del Collective Union of Movement of Workers (CUMW), el sindicato local en la empresa de zapatos Takeo, filial de Beautiful Spring. Lo despidieron tras su decisión de abandonar el sindicato oficialmente registrado y afiliarse a la sección local del CUMW con el fin de hacer oír las preocupaciones de los trabajadores/as. Los trabajadores/as se declararon en huelga para apoyar sus quejas sobre las condiciones de trabajo y pedir la reintegración de Phan Sophat. El CUMW señaló que el empleador optó por utilizar tácticas enérgicas contra los trabajadores/as en huelga, pidiendo la intervención de las fuerzas armadas y contratando a matones para golpear a los/as huelguistas. El 10 de octubre, la dirección acudió a los tribunales para pedir una orden judicial que obligó a los huelguistas a retomar el trabajo.

A principios de 2015, se emitió un decreto relativo a las directrices para la aplicación del Código de Trabajo vietnamita, que incluye una sección sobre la resolución de huelgas que facilita aún más declarar las huelgas ilegales. En realidad, todas las huelgas en Vietnam son técnicamente ilegales debido a los requisitos tan estrictos que se exigen, ya que el conflicto debe estar relacionado con los “intereses”, en otras palabras, prestaciones que no figuran en los contratos de trabajo, o no son jurídicamente vinculantes para los empleadores. En caso de un conflicto, se lleva a cabo una votación, y solamente si más del 50% de los trabajadores/as señalan estar de acuerdo con la huelga pueden proceder legalmente a realizar su acción colectiva.

Cuando estalla una huelga “ilegal”, el empleador está obligado a informar inmediatamente al gobierno del distrito o municipal y a las centrales sindicales. Sin embargo, el único sindicato legítimo en el país es la Vietnam General Confederation of Labour (VGCL), que tiene secciones en todos los niveles administrativos del Estado. Los cargos dirigentes de las centrales sindicales son miembros del Partido Comunista. Por lo tanto, sus secciones están controladas por los sindicatos de empresa de su zona. Los empleadores suelen designar los dirigentes de los sindicatos de empresa, a veces con la ayuda de las centrales sindicales.

El sindicato examina el informe del empleador y, en un plazo de 24 horas, la oficina de trabajo finaliza su informe y lo presenta a las autoridades superiores. Este proceso finaliza con el anuncio de parte del gobierno municipal o provincial indicando que la huelga ha infringido los procedimientos legales.

En virtud del nuevo decreto, el tribunal tendrá la facultad de decidir sobre la legalidad de las huelgas que incumben al gobierno local. Los empleadores ya no tendrán que presentar su documentación al tribunal, bastará con que informen a las autoridades locales y el mismo día podrán obtener un fallo señalando la huelga como ilegal.

Una vez resuelta la huelga, el empleador calculará los daños y costos incurridos para recuperarse de la huelga y solicitará el pago de una indemnización a los sindicatos que organizaron la huelga.

El consumo de drogas es ilegal y puede castigarse imponiendo condenas a “terapia laboral” en centros de detención del Gobierno. Un informe de Human Rights Watch (HRW) ha denunciado los abusos cometidos en estos centros, a saber: detención sin juicio (de forma habitual y por un período de hasta cuatro años), palizas con porras, descargas eléctricas y privación de agua y alimentos por infringir las reglas del centro, incluyendo la obligación de trabajar, etc. Algunos de los productos fabricados mediante estos trabajos forzosos son exportados a los Estados Unidos y Europa. Según HRW, a principios de 2011 unas 40.000 personas fueron encarceladas en 123 centros de este tipo, incluidos niños.

Los sindicatos afiliados a la Vietnam General Confederation of Labour (VGCL) disponen de un margen reducido para negociar colectivamente, debido al control que ejerce la dirección sobre el sindicato en muchas empresas. Los estatutos del VGCL fueron enmendados hace poco con el fin de impedir que determinados altos cargos puedan llegar a ejercer funciones en tanto que líderes sindicales. En su último informe, el proyecto Better-Work Vietnam de la OIT indica que en tres cuartas partes de las empresas que participaron en este programa, el sindicato no puede reunirse con los trabajadores sin que la dirección esté presente.

Los trabajadores que participan en huelgas que no cuentan con la aprobación del Gobierno se arriesgan a ser sancionados. Sin embargo, las condiciones que hay que cumplir para organizar una huelga legal son tan restrictivas que resulta prácticamente imposible respetarlas. Se ha registrado una considerable multiplicación en el número de huelgas ilegales durante el año, pasando de las 423 registradas el año anterior a casi 1.000 en 2011. La mayoría de las huelgas están vinculadas al hecho que los salarios de los trabajadores no aumenten al mismo ritmo que la inflación, que se ha situado en un 18%.

En su último informe, el proyecto Better Work-Vietnam de la OIT observa que de las 78 fábricas que participaron en su programa, tres se negaron a readmitir a todos los trabajadores/as que tenían derecho a reincorporarse a sus puestos de trabajo después de una huelga, y una empresa sancionó a los trabajadores que participaron en una acción de huelga.

Del 24 al 29 de junio, más de 90.000 trabajadores/as de la fábrica de zapatos Pou Yuen, proveedora de importantes marcas de calzado deportivo como Adidas, se declararon en huelga para exigir mejores salarios. Varias fuentes informaron que después de la acción se procedió al arresto y/o despido de trabajadores/as.

Los trabajadores que quieren hacer valer sus derechos ante los tribunales se enfrentan a numerosos obstáculos, como es la lentitud y el coste de los procedimientos, o incluso la ausencia de contratos de trabajo.

El Gobierno bloquea el acceso a los sitios sensibles en el plano político. Los gerentes de cibercafés tienen que vigilar y grabar las actividades de sus clientes en internet. En abril, el Comité del Pueblo de Hanoi (el poder ejecutivo de la ciudad) decidió que todos los cibercafés de la capital debían instalar un programa informático de vigilancia aprobado por las autoridades que prohíbe el uso del internet para “convocar protestas, huelgas y huelgas de celo”.

A pesar de las restricciones a las acciones de huelga, durante 2009 se han llevado a cabo 216 huelgas salvajes (ilegales en virtud del Código Laboral), lo que representa un 70% menos que en 2008, según datos del Gobierno. Esta disminución en el número de huelgas salvajes no se debe, sin embargo, a una mejora en la situación de los trabajadores, sino que es más bien consecuencia de su temor a perder su trabajo, más aún con la crisis económica mundial. Según el Gobierno, la mayoría de las huelgas tuvieron lugar en las empresas propiedad de inversores extranjeros, y se originaron a raíz de las largas jornadas de trabajo impuestas a cambio de unos sueldos más bien bajos, así como de las violaciones a los derechos estipulados en los contratos de trabajo.

La capacidad de los sindicatos afiliados a la Vietnam General Confederation of Labour (VGCL) para negociar efectivamente con la dirección se ve desfavorecida por el hecho de que en muchas empresas privadas los trabajadores consideran que los representantes de la VGCL están demasiado próximos a la dirección o bien son de hecho delegados de la dirección.

Los trabajadores y trabajadoras que quieran hacer valer sus derechos ante los tribunales se tienen que enfrentar a numerosos obstáculos, como es la lentitud de los procedimientos e incluso a la falta de contratos de trabajo. Por eso, cuando el sindicato del distrito de Thu Duc (Ciudad de Ho Chi Minh) quiso ir a juicio en nombre de 70 trabajadores de la fábrica Hai Vinh Co. contra la dirección, se demostró que la mayoría de ellos no poseía contrato de trabajo, a pesar de ser una obligación legal. En otros casos se firman contratos de trabajo pero los trabajadores no reciben una copia.

En Vietnam las huelgas suelen ser convocadas por grupos informales de trabajadores, incluso en lugares donde existe una delegación de la Vietnam General Confederation of Labour (VGCL). Las autoridades locales y los representantes del sindicato oficial intentan por lo general que se entable una negociación entre los trabajadores y la dirección. No obstante, durante las negociaciones, la VGCL tiene muy en cuenta los intereses del Gobierno y de las empresas. En febrero, varios representantes de las autoridades solicitaron que se llevara a cabo una revisión de la legislación del trabajo a fin de aclarar los roles y responsabilidades de los sindicatos. El Vicedirector de la Autoridad de las Zonas Francas Industriales y de Exportación de la Ciudad de Ho Chi Minh subrayó que los trabajadores/as estaban haciendo huelgas salvajes porque los procedimientos para organizar huelgas legítimas son demasiado complicados, y porque los trabajadores consideraban las huelgas como la única manera de hacer valer sus derechos, además de que la mayoría de los sindicatos locales no desempeñaban convenientemente su papel de representación y de protección de los derechos de sus miembros.

Los trabajadores/as no tienen derecho a formar ni a unirse a un sindicato no afiliado a la Vietnam General Confederation of Labour (VGCL) – la confederación oficial controlada por el Partido Comunista. Sin embargo está comenzando a aparecer una nueva generación de sindicalistas no tan íntimamente vinculada al partido, sobre todo en el sector de correos y las telecomunicaciones.