El jueves 5 de septiembre de 2019, unas 60 organizaciones sindicales y sociales, entre ellas, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), convocaron una protesta por una vida digna, bajo la consigna “Nos cansamos, nos unimos”.
El Gobierno desautorizó la marcha y utilizó bloqueó la plaza Italia –rebautizada actualmente como “plaza de la dignidad”– en la ciudad de Santiago, donde estaba prevista la concentración. Cabe mencionar que las secciones zonales y provinciales de la CUT hicieron sus propias manifestaciones por todo el país y en distintas zonas de la capital.
La actuación de Carabineros de Chile fue violenta desde un inicio, no permitiendo que los manifestantes lograran reunirse, dispersando cualquier intención de encontrarse en el lugar, lo que vulnera el derecho a manifestarse, el derecho a reunirse sin autorización previa, el derecho a la libre circulación y el derecho a la libertad de expresión.
El hecho estuvo marcado por la represión y la violencia policial, al punto que solo en la región metropolitana (capital del país) hubo 92 detenidos, (62 hombres, 15 mujeres y 15 menores de edad). Para los organizadores de la jornada de protesta, la represión policial fue desmedida e innecesaria. En las refriegas varios dirigentes sindicales fueron detenidos, entre ellos, el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, la Vicepresidenta de internacional de CUT, Támara Muñoz, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Manuel Ahumada.
Decenas de personas resultaron heridas por los golpes de los uniformados, los cañones de agua y los gases lacrimógenos y pimienta que utilizaron. Buen ejemplo de ello es el caso del consejero nacional de la CUT, Marcos Canales, quien sufrió una fractura de rodilla que lo dejó parcialmente inmovilizado
por más de un mes, cuando un grupo desproporcionado de agentes de las Fuerzas Especiales de Policía quiso proceder a su detención.