Se estima que en Líbano hay unos 200.000 trabajadores empleados en el servicio doméstico, principalmente procedentes de Sri Lanka, Etiopía y Filipinas. Hoy en día, Madagascar, Filipinas y Etiopía prohíben a sus ciudadanos viajar a Líbano debido a los abusos generalizados. Se estima que en Líbano se registra como promedio el suicidio de un empleado/a del hogar. Estos trabajadores siguen estando esencialmente excluidos de las legislaciones laborales básicas y son víctimas de explotación y abusos frecuentes por parte de los empleadores y las agencias, incluyendo por ejemplo impago de salarios, reclusión forzosa en el lugar de trabajo, denegación de tiempo de descanso, insultos y abusos físicos. Según los informes, a sólo un 1% de los trabajadores migrantes empleados en el servicio doméstico se les permite conservar su pasaporte. El sistema de patrocinio supedita la residencia del trabajador a un empleador específico, haciendo que a un trabajador del hogar le resulte muy complicado cambiar de empleador, incluso en caso de malos tratos. Una vez que el empleo se termina, el trabajador pierde su residencia, lo cual dificulta la presentación de quejas por temor a ser detenido a causa de su situación ilegal.
En 2009, el Gobierno emitió nuevas regulaciones (Contrato Unificado Estándar) que obligan a los empleadores a cumplir determinadas normas, como el pago a los trabajadores de un salario completo a fin de mes, la asignación semanal de días de descanso y el establecimiento de un máximo de horas laborales. Sin embargo, el Gobierno no ha conseguido aplicar las sanciones adecuadas a los empleadores que abusan de los trabajadores migrantes empleados en el servicio doméstico. En la práctica, muchos empleadores siguen explotando, pagando mal y abusando de sus empleados/as del hogar. El primero de mayo de 2010, los trabajadores migrantes se manifestaron en Beirut para protestar contra los abusos generalizados y la falta de derechos laborales.