En abril se recibieron informes sobre unos 200 trabajadores migrantes procedentes de Sri Lanka, Bangladesh e India, 75% de los cuales eran mujeres, que habían sido víctimas de la trata de personas y habían acabado en la fábrica de International British Garments, propiedad de la empresa de seguridad G4S. Les habían retenido sus pasaportes y recluido en condiciones de servidumbre ligada a un contrato. Las acusaciones de acoso sexual y violación de una joven procedente de Sri Lanka se consideraron verosímiles. Asimismo, los trabajadores denunciaron que al menos dos de sus colegas habían muerto por exceso de trabajo.
El Presidente del sindicato General Trade Union of Workers in Textile Industries (GTUWTI) declaró que el anterior director general de la empresa en Jordania había impedido que los representantes sindicales tuviesen acceso a la compañía, pero que aun así habían venido manteniendo contacto en secreto con los trabajadores. Aunque informó a las autoridades sobre el asunto, éstas no hicieron nada. Según informes, la dirección de la fábrica castigaba a cualquier trabajador que contactara al GTUWTI.