Se estima que unos 200.000 trabajadores/as domésticos, principalmente de Sri Lanka, Etiopía y Filipinas, siguen estando esencialmente excluidos de las legislaciones laborales básicas y son víctimas de explotación y abusos frecuentes por parte de los empleadores y las agencias, como por ejemplo impago de salarios, reclusión forzosa en el lugar de trabajo, denegación de tiempo de descanso, insultos y abusos físicos. El sistema de apadrinamiento supedita la residencia del trabajador a un empleador específico, haciendo que a un trabajador doméstico le resulte muy complicado cambiar de empleador, incluso en caso de malos tratos. Una vez que el empleo se termina, el trabajador pierde su residencia, lo cual dificulta la presentación de quejas debido al miedo del trabajador de ser detenido por motivo de su situación ilegal. Según fuentes de la ONU, 80 mujeres etíopes han estado en la cárcel de mujeres de Trípoli durante más de un año, acusadas de no tener pasaporte, bien porque se lo quitaron cuando empezaron a trabajar como asistentas domésticas o bien porque nunca tuvieron uno. La mayoría fueron arrestadas después de haberse escapado de la casa de sus empleadores – por lo general a raíz de los abusos padecidos. Tan sólo entre octubre y noviembre, se informó de al menos nueve fallecimientos por suicidio o muertes accidentales en sus intentos de huida. En consecuencia, en noviembre, las autoridades nepalíes dejaron de permitir a sus ciudadanos viajar al Líbano para trabajar como empleados/as domésticos.
Durante el año, el Gobierno presentó un decreto que obliga a los empleadores a cumplir determinadas reglas con relación a las trabajadoras y trabajadores domésticos, entre ellas pagarles un salario completo y darles un día de descanso.