3 – Violaciones regulares de los derechos
Índice Global de los Derechos de la CSI

Rwanda

Las afiliadas de la CSI en Rwanda son la Centrale des Syndicats des Travailleurs du Rwanda (CESTRAR) y el Congrès du Travail et de la Fraternité au Rwanda (COTRAF).

Ruanda ratificó el Convenio nº 87 sobre la libertad sindical libertad sindical El derecho a establecer y afiliarse a un sindicato libremente escogido, además del derecho de los sindicatos a funcionar libremente y llevar a cabo sus actividades sin interferencia indebida.

Véase Guía de la CSI sobre los derechos sindicales internacionales
y la protección del derecho de sindicación (1948) en 1988 y el Convenio nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949) en 1988.

En la Práctica

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Miembros de SYPELGAZ siguen esperando su reincorporación cinco años después04-12-2019

El sindicato del sector de la energía, el agua y el saneamiento de Rwanda SYPELGAZ, afiliado a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), ha estado en los tribunales desde mayo de 2016 reclamando una indemnización adecuada para cinco miembros de su ejecutiva despedidos de manera improcedente, así como otros derechos laborales que se le han venido denegando durante mucho tiempo.

La cuestión se remonta a 2014, cuando el Gobierno de Rwanda decidió reformar la Autoridad de suministro de energía, agua y saneamiento (EWSA) y convertir este ente estatal en una empresa comercial. Por aquel entonces, casi todos los trabajadores de EWSA eran funcionarios públicos, de conformidad con la Ley No. 87/2013 que establece el Estatuto General de la Función Pública.

El proceso de privatización condujo a la división de la EWSA en dos compañías: Rwanda Energy Group (REG) y Water and Sanitation Corporation (WASAC). Los antiguos funcionarios fueron invitados a presentar nuevamente sus candidaturas para cubrir los puestos de trabajo, puesto que ambas compañías volvieron a considerar vacantes todos los puestos. Este proceso dio lugar al despido de 700 trabajadores, en su mayoría sindicalizados, entre ellos cinco dirigentes sindicales del SYPELGAZ.

El SYPELGAZ ha estado en los tribunales desde 2016 para reclamar una indemnización adecuada para los trabajadores despedidos improcedentemente, en particular los miembros de su ejecutiva.

De momento se han cerrado cerca de diez expedientes y los demandantes han recibido su indemnización, pero más de 100 casos siguen pendientes en los tribunales, incluido el caso de los miembros de la ejecutiva del SYPELGAZ. Los trabajadores solicitan: (1) una indemnización por despido irregular; (2) una regularización del salario basada en la nueva estructura salarial de marzo de 2013; (3) una regularización de la bonificación; (4) el pago de la promoción horizontal; y (5) la regularización de las cuotas finales. Pero de momento, en todos los casos, el tribunal ha desestimado las demandas relativas a la indemnización por despido improcedente, la regularización de la bonificación y la promoción horizontal.

El tribunal atendió el recurso de dos abogados de REG Ltd sobre una decisión tomada por el Tribunal de Nyarugenge (Kigali), el 27 de noviembre de 2017, reactivando algunos derechos pendientes que habían sido denegados a los trabajadores de la antigua EWSA.

Por ahora, se calcula que el paquete completo que se abonará a todos los trabajadores será de 9.000 millones RWF (8,5 millones EUR). El SYPELGAZ ha solicitado la intervención del Ministerio de Finanzas para el pago, pero REG y WASAC siguen oponiéndose a la decisión del tribunal.

Miembros de SYPELGAZ ilegalmente despedidos comparecerán nuevamente ante el juez el 4 de junio04-06-2018

El sindicato del sector de energía, agua y saneamiento de Rwanda, SYPELGAZ ha estado en los tribunales desde mayo de 2016 reclamando la debida compensación para cinco miembros de su ejecutiva, despedidos de manera improcedente.

La cuestión data de 2014, cuando el Gobierno de Rwanda decidió reformar la Autoridad de suministro energético, agua y saneamiento (EWSA), convirtiendo el ente estatal en una empresa comercial. Por aquel entonces, prácticamente todos los trabajadores de EWSA eran funcionarios públicos, en base a la Ley No. 87/2013 que establece los Estatutos Generales para el Servicio Público. El proceso de privatización desembocó en que EWSA se dividiese en dos compañías: Rwanda Energy Group (REG) para el sector de la energía, y Water and Sanitation Corporation (WASAC) para la distribución de agua y saneamiento; y se invitó a los antiguos empleados públicos a presentar nuevamente sus candidaturas para cubrir los puestos de trabajo, dado que todos los puestos en ambas compañías se consideraron vacantes. Este proceso derivaría en el despido de 700 trabajadores, en su mayoría sindicalizados, incluidos cinco de los dirigentes de SYPELGAZ.

SYPELGAZ inició un proceso judicial en mayo de 2016 para reclamar una compensación apropiada para los cinco miembros de su ejecutiva despedidos ilegalmente, así como varios otros derechos sindicales que les fueron denegados desde hacía tiempo. Tras escuchar los testimonios de ambas partes el 27 de noviembre de 2017, el Tribunal postergó su dictamen final sobre el caso hasta el 4 de junio de 2018.

Empleadores del servicio público encontrados culpables de violar la legislación laboral24-01-2017

En enero, la Comisión sobre Servicios Públicos revisó el informe fiscal nacional correspondiente a los años 2015-2016. Según los datos, el Gobierno perdió el 75 por ciento de las causas legales presentadas por los empleados contra sus empleadores del sector público. Según la presidencia de la Comisión, esa alta incidencia de violaciones reconocidas viene a demostrar el nivel de injusticia presente en el servicio público, y apunta a la falta de sanciones serias para aquellos empleadores que vulneren la ley en la gestión de su personal.

Despido improcedente de docentes30-06-2014

Seis docentes que trabajaban en la Escuela Privada Mweya en Rubavu fueron despedidos ilegalmente en febrero de 2013, sin preaviso alguno e ignorando el convenio colectivo convenio colectivo Acuerdo, generalmente por escrito, que incorpora los resultados de una negociación colectiva entre representantes de trabajadores y empleadores. También contrato colectivo.


Véase negociación colectiva
vigente. La escuela adujo tener dificultades financieras pero no facilitó ningún informe de auditoría. Como resultado de ello, los trabajadores presentaron una queja ante el tribunal, que dictaminó a su favor en junio de 2014, ordenando a la institución escolar a pagarles una indemnización.

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