Un grupo de funcionarios públicos tenía previsto organizar una asamblea pública el 2 de agosto de 2019 para expresar su preocupación por la enmienda al proyecto de ley de extradición. En respuesta a ello, el Gobierno de la RAEHK emitió un día antes una declaración en la que amenazaba con “graves consecuencias” si los funcionarios públicos participaban en la asamblea, que era de carácter político y vulneraba el Código de la Función Pública relativo a la neutralidad política y a la lealtad absoluta de los funcionarios públicos al servicio del jefe del Ejecutivo.