Ante el anuncio el 14 de noviembre de planes para llevar a cabo una manifestación masiva, el Gobierno respondió declarando que era ilegal y exhortando seriamente a no participar en la misma. La manifestación se convocó para protestar contra las controvertidas reformas del mercado laboral, los libros de texto de Historia redactados por el Gobierno, la bajada del precio del arroz y el desempleo juvenil. “Perseguiremos y llevaremos a los tribunales a todas las personas que inciten a manifestaciones ilegales y participen en actos violentos”, expresó el Ministro de Justicia Kim Hyun-woong.
No obstante, la manifestación se llevó a cabo, contando aproximadamente con 100.000 participantes. Las autoridades respondieron haciendo uso de gases lacrimógenos y cañones de agua. Además organizaron un bloqueo con autobuses de policía para impedir que los manifestantes se aproximaran a la Oficina de la Presidenta, a pesar de que en 2011 el Tribunal Constitucional había declarado ilegal el uso de autobuses de policía para hacer barricada. La policía detuvo a 51 personas y la Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) calcula que aproximadamente 500 personas habían resultados heridas como consecuencia de lo que describió como una violencia policial desmedida. Veintinueve personas necesitaron atención hospitalaria. La policía dijo que había movilizado a cerca de 22.000 agentes, 700 autobuses y cañones de agua para impedir el acceso de los manifestantes a la Plaza Gwanghwamun.
Al día siguiente, el Ministro de Justicia prometió que se tomarían medidas severas contra los manifestantes que habían encabezado lo que calificó de concentraciones “violentas e ilegales”.
El sábado siguiente, 21 de noviembre, la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl llevó a cabo redadas en 12 oficinas de 8 sindicatos, entre ellos la KCTU, en búsqueda de pruebas de su participación en las manifestaciones. La policía confiscó documentos sindicales y agentes especializados en análisis forense digital copiaron archivos desde los ordenadores.