En julio de 2017, Larisa Kharkova, presidenta de la Confederation of Independent Trade Unions of the Republic of Kazakhstan, fue condenada por las falsas acusaciones de malversación de fondos sindicales y fraude. El Tribunal de Distrito de Shymkent la condenó a 100 horas de servicio a la comunidad y cuatro años de restricción de la libertad de circulación, así como cinco años de inhabilitación para ocupar un cargo directivo en cualquier organización no gubernamental, incluyendo los sindicatos. El Tribunal de Apelación confirmó la decisión en septiembre de 2017. En enero de 2018, Kharkova consiguió impugnar con éxito su participación en trabajos de servicio a la comunidad que figuraba en su sentencia, pero las demás condenas fueron mantenidas. El 22 de mayo de 2019, el Tribunal Supremo de la República de Kazajstán confirmó el dictamen judicial.
De conformidad con el artículo 44 del Código Penal de la República de Kazajstán, el control estatal debe aplicarse durante todo el período de la pena. Kharkova tiene el deber de registrarse dos veces al mes ante las autoridades y permanecer en su domicilio después de las 20 horas. También se le prohíbe cambiar su lugar de residencia permanente y su lugar de trabajo sin notificar a una autoridad estatal especialmente competente para ello; se le prohíbe visitar varios lugares y reuniones designados según las órdenes de las autoridades; y tampoco puede salir de la ciudad sin notificarlo a las autoridades competentes.