Estonia

En 2015, el sindicato independiente de marinos Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) negoció en su convenio colectivo con AS Tallink Grupp y sus subcontratistas que todas las compañías abonarían un monto anual fijo al fondo de bienestar social establecido para el pago de prestaciones a los trabajadores. El convenio se vino aplicando sin problemas hasta 2018, pero en 2019, el empleador anunció su decisión unilateral de no efectuar ningún pago para ese año.

En diversas reuniones mantenidas con los sindicatos para intentar resolver la cuestión, el empleador exigió que se le diera acceso a la información personal de los trabajadores en relación con el fondo, lo que vulneraría la ley de protección de datos. El empleador intentó además dar instrucciones a los sindicatos sobre cómo gestionar el fondo. Los sindicatos rechazaron de plano ese flagrante intento de interferir en la administración del fondo de bienestar.

Aunque se llegó a un acuerdo para 2020, EMSA sigue teniendo la intención de presentar una demanda ante los tribunales contra AS Tallink Grupp, para garantizar que se aplique el convenio colectivo. La Confederación de Sindicatos Estonios ha manifestado su preocupación ante esta clara violación del convenio colectivo y el intento de controlar las actividades sindicales y de acceder a información sensible sobre los trabajadores.

El Sindicato Independiente de Marinos de Estonia (EMSA) informó que, en junio de 2018, en el transcurso de las negociaciones del convenio colectivo, Mart Loik, miembro del Consejo de Administración de la compañía de ferry TS Laevad, organizó una reunión con los trabajadores proponiéndoles la conclusión de un acuerdo colectivo directamente con ellos, dejando de lado al EMSA. Les ofreció los mismos beneficios que solicitaba el sindicato y que la dirección había venido rechazando hasta la fecha en el marco de las negociaciones colectivas.

EMSA reclamó de inmediato a TS Laevad una rectificación, alegando que la compañía había falsificado los niveles salariales de sus empleados miembros de EMSA implicando que el sindicato había realizado reclamaciones poco razonables y “únicamente le importaban sus propios miembros”. Una de las demandas de EMSA era efectivamente un incremento salarial para pasar de 0,50 a 5 EUR por hora, lo que sigue siendo inferior en 2 EUR a la paga en otras compañías navieras donde EMSA ha concluido convenios colectivos. Según EMSA, la dirección de TS Laevad incurrió además en un comportamiento poco ético al ofrecer atractivas ventajas a los empleados para inducirles a no firmar un convenio colectivo a través del sindicato.

El sindicato está considerando la posibilidad de llevar ante los tribunales a TS Laevad, subsidiario del Puerto de Tallin (Tallinna Sadam), por tergiversación de los hechos, prolongando la disputa en relación con el convenio colectivo, al tiempo que manifestó que la huelga no sería inevitable.

En octubre de 2015, Transiidikeskuse AS, compañía de estibadores portuarios, puso fin al contrato de un trabajador justo después de que hubiera sido elegido como enlace sindical. El caso fue remitido al tribunal, que el 28 de junio de 2016 dictaminó que el despido era improcedente. Sin embargo, ese mismo día, la compañía prescindió de su puesto de trabajo. El 30 de octubre de 2017, el tribunal reiteró que los motivos aducidos para su despido no eran válidos y por tanto el despido improcedente. Pero la compañía no lo readmitió. De hecho, la dirección le prohibió la entrada a los locales de la empresa aunque siguió pagando su salario. Se envió una solicitud a la Inspección de Trabajo para que intercediese a fin de resolver la cuestión, que todavía sigue pendiente. Transiidikeskuse AS continúa negándose a reconocer al sindicato legalmente establecido en la empresa y ha rechazado cualquier intento de negociación de un convenio colectivo.

La Confederación de Sindicatos Estonios ha indicado que los sindicatos han encontrado problemas generales a la hora de defender los derechos de los trabajadores/as. Muchas veces guardan relación con el procedimiento legal: establecer que existe discriminación en los tribunales de trabajo constituye un nuevo fenómeno y se cuenta con muy poca experiencia para tratar tales casos. Sigue siendo relativamente fácil despedir a los sindicalistas, ya que no hay ninguna obligación, en base a la Ley sobre Contratos de Empleo, de readmitir a un representante sindical despedido si no se considera razonable teniendo en cuenta los intereses de ambas partes. La compensación muchas veces es reducida por los tribunales, aunque la ley estipula que ha de situarse a un nivel razonable. Los procesos judiciales son lentos y costosos, y las reclamaciones de compensación en caso de terminación injustificada de un contrato de empleo están sujetas a unos honorarios relativamente elevados.

La Confederación de Sindicatos Estonios (EAKL) informa que el comportamiento antisindical es moneda corriente en el sector privado. Algunas empresas advierten a los trabajadores contra la formación de sindicatos y los amenaza con el despido o la reducción de los salarios; o bien les promete ventajas si no se afilian a ningún sindicato. A veces forman “sindicatos amarillos”.

La aplicación de la ley depende principalmente de las inspecciones del trabajo, las cuales rara vez persiguen los casos de comportamiento antisindical. Una batalla legal puede ir seguida de una lucha para hacer cumplir la decisión de un tribunal o un comité de resolución de conflictos laborales. Por ejemplo, cuando a un delegado sindical despedido injustificadamente se le concede la reincorporación, pero se le impide volver a su puesto de trabajo, tiene que ponerse en contacto con un agente judicial privado, quien exige un depósito del 50% del salario mínimo mensual.

Se estima que entre el 20 y el 25% de la población activa está cubierta por convenios colectivos. Tanto empleadores públicos como privados tienden a mostrarse reacios a participar en la negociación colectiva y ponen trabas al proceso. La crisis económica dificulta las negociaciones, e incluso empresas rentables exigieron concesiones o dejaron de cumplir los acuerdos. Por ejemplo, en mayo, la empresa de transporte marítimo Tallink dejó de pagar los complementos salariales previstos en el convenio colectivo, y sólo después pidió a los sindicatos entablar nuevas negociaciones.