El 20 de marzo de 2019, Wei Zhili, editor de iLabour.net, un sitio web sobre derechos laborales de China, fue detenido por las autoridades de Guangzhou. La policía informó a sus padres que a su hijo le habían “lavado el cerebro” para que ayudara a los trabajadores, y que se lo llevaban para “educarlo”. La policía registró la casa de los padres de Wei, donde este se alojaba, y confiscó su ordenador portátil y su teléfono móvil. Ke Chengbing, un compañero de Wei, también fue puesto bajo custodia policial. Yang Zhengjun, editor jefe del sitio de noticias iLabour, permanece detenido por la policía desde enero.
Los periodistas habían estado siguiendo de cerca la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Hunan que padecían silicosis, una forma de neumoconiosis y la enfermedad ocupacional más grave y extendida en China. Cada vez que los trabajadores con silicosis iban a protestar a Shenzhen, ellos difundían la noticia a través de su revista. El Gobierno chino considera que ese apoyo es “antirrevolucionario y contrario al partido comunista”.
Una semana más tarde, el 27 de marzo, cuando ambos activistas permanecían detenidos, un centenar de trabajadores de Hunan que padecían neumoconiosis fueron detenidos por las autoridades en la estación de tren local de Sangzhi para impedirles viajar a Shenzhen y mostrar su solidaridad con Wei Zhili. El 21 de abril, cerca de un centenar de trabajadores que padecen dicha enfermedad firmaron una petición en la que solicitaban la puesta en libertad de los tres destacados activistas, y la publicaron en línea.
El 20 de abril los dos activistas fueron recluidos en régimen de “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, una forma de detención que permite a las autoridades retener a personas por delitos graves, como poner en peligro la seguridad nacional. Zheng Churan, esposa de Wei y destacada activista feminista, expresó su preocupación por el hecho de que ya no estuvieran bajo custodia policial y se desconociera su paradero. “Puede sucederles cualquier cosa”.
A finales de agosto la policía notificó por escrito a las tres familias que los tres activistas habían sido oficialmente arrestados, acusados de “provocar disturbios”.