Macao (RAE - China)

A los trabajadores y trabajadoras migrantes se les niegan las formas más básicas de protección y no tienen derecho a la negociación colectiva ni a ningún recurso legal efectivo en caso de despido improcedente. Por lo general, ganan menos de la mitad del salario que ganan los trabajadores locales que realizan el mismo trabajo y los contratos se establecen entre agentes de contratación laboral y el empleador, más que directamente entre el empleado y el empleador. Además las agencias de contratación están poco controladas y exigen a los trabajadores migrantes unos honorarios exorbitantes.

La nueva Ley sobre el Empleo de Trabajadores Extranjeros de octubre de 2009 sigue siendo discriminatoria y demasiado ambigua. Impone una cuota especial a los empleadores que tengan trabajadores no residentes a su cargo. La ley prohíbe a los trabajadores que rescindan su contrato volver a entrar en el país durante seis meses, así como cambiar de categoría laboral. El Gobierno afirmó en noviembre de 2011 que tenía previsto incluir nuevas excepciones a la prohibición de los seis meses. Al parecer está considerando relajar la prohibición para que los trabajadores/as no residentes puedan cambiar de trabajo inmediatamente, siempre y cuando sigan trabajando en el mismo sector industrial.

Es práctica habitual en Macao que los trabajadores/as no tengan contratos formales con sus empleadores. De este modo, los empleadores tienen un poder ilimitado para modificar unilateralmente los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados, o terminar la relación de empleo. Dado este poder de que disponen los empleadores y ante la ausencia de un marco legal institucional para la negociación colectiva o incluso para los contratos de empleo, los trabajadores se convierten fácilmente en víctimas de intimidación y discriminación a causa de sus actividades sindicales. El uso de contratos temporales también ha estado aumentando, haciendo que los trabajadores/as sean aún más vulnerables a todo tipo de abuso e intimidación. El recurso a la subcontratación en el sector de la construcción está agravando el problema. En un caso publicado en julio de 2011, 33 trabajadores a los que se les adeudaba una serie de salarios dijeron que se les había informado de que habían dejado de trabajar para el contratista habitual (para el cual venían trabajando sin un contrato de empleo) y que pasaban a estar empleados por un subcontratista, el cual no tenía dinero para pagarles.

Con el aumento de la inversión extranjera en esta Región Administrativa Especial de China también se ha incrementado el recurso a la subcontratación y al empleo de trabajadores/as migrantes menos protegidos, convirtiendo en un problema habitual los retrasos en el pago de los salarios, sobre todo en el sector de la construcción. El procedimiento para reclamar los pagos ante la Oficina Laboral es largo y engorroso. Según el Sindicato de Funcionarios Civiles, el proceso para una simple disputa laboral puede demorarse hasta un año en la Oficina Laboral, a lo que siguen otros dos años en los tribunales. La mayoría de los trabajadores/as migrantes no puede permitirse esperar tanto tiempo, y muchos se marchan antes.

En la práctica, muchas agrupaciones de trabajadores y sindicatos encuentran dificultades para registrarse como organizaciones, y las agrupaciones informales de trabajadores no están permitidas. En muchos casos se pide a los organizadores que, antes de llevar a cabo el registro, entreguen los nombres de los posibles miembros, pero debido al miedo a las represalias y a figurar en listas negras, muchos simpatizantes se niegan a proporcionar los datos completos.

En general se considera que el Gobierno central de la República Popular China ejerce una fuerte influencia en las actividades sindicales locales, incluso en la selección directa de la cúpula directiva de la mayor organización del sector privado, la Federación de Sindicatos. Los seis principales sindicatos del sector privado pertenecen prácticamente a esta federación pro-Beijing, lo que ha socavado la independencia de los sindicatos, ya que la preocupación por apoyar las políticas del Gobierno central, reduciendo al mínimo los disturbios en el lugar de trabajo, pasa por encima de la protección de los derechos e intereses de los miembros de los sindicatos. Se han publicado informes sobre prácticas de intimidación que sufren las personas que se manifiestan contra el Gobierno de Beijing, tanto sobre política como con respecto a los derechos laborales. La sociedad civil carece de fuerza, pero se ha observado un crecimiento de los sindicatos más pequeños y más reivindicativos, en paralelo a un crecimiento de las asociaciones de la sociedad civil.

Macao supuestamente mantiene una lista negra de los trabajadores locales que hayan apoyado huelgas también locales, y suele denegar la entrada a los "alborotadores”. En marzo, cinco legisladores de Hong Kong, entre ellos Lee Cheuk Yan, Secretario General de la Confederación de Sindicatos de Hong Kong, no pudieron entrar en el país. Lee Cheuk Yan informó que recientemente se le ha denegado ya tres veces la entrada en el país.

Determinados grupos de trabajadores siguen teniendo problemas a la hora de sindicalizarse. En 2006, la OIT hizo un llamamiento al Gobierno para que garantizara plenamente el derecho de los trabajadores/as domésticos a sindicalizarse. Se esperaba que la nueva ley de enmienda a la legislación laboral abordara estas cuestiones, pero sin embargo no proporciona protección universal al derecho de libertad sindical al excluir nuevamente a los migrantes y funcionarios públicos.

Una propuesta de ley sindical redactada por el sindicalista y legislador Jose Pereira Coutinho no logró obtener el apoyo en 2009 por tercera vez consecutiva. El resultado no fue ninguna sorpresa dada la falta de legisladores independientes en el organismo legislativo. No obstante, el hecho de que Macao carezca de una legislación sindical tiene repercusiones muy negativas para los trabajadores, quienes con frecuencia desconocen el papel de los sindicatos y no tienen posibilidad de obtener información en su lugar de trabajo. En caso de conflicto, la mayor parte de las veces los trabajadores tienen que presentar sus quejas en la Oficina Laboral o intentar por sus propios medios llegar a un acuerdo con el empleador. Tanto la Oficina como los trabajadores tienen poco poder de negociación con los empleadores, quienes por lo general ignoran las quejas y a los demandantes. En algunos casos la Oficina Laboral intenta además disuadirlos de entablar una demanda.