La explotación minera PT Freeport Indonesia despidió a más de 4.200 trabajadores que habían participado en una huelga entre mayo y agosto de 2017 en la mina de Grasberg en Papua, propiedad de dicha explotación.
El conflicto empezó el 1 de mayo, cuando más de 10.000 mineros del sindicato Chemical, Energy and Mines Workers Union (CEMWU) convocaron una huelga para protestar por un permiso que había decidido introducir la empresa, por el cual los trabajadores se veían obligados a aceptar una excedencia prolongada con un preaviso muy corto. PT Freeport estaba en conflicto con el Gobierno indonesio debido al futuro de la mina a largo plazo. Para ejercer presión, la empresa estaba reduciendo deliberadamente la producción y, para economizar gastos, introdujo una política de suspensión temporal de los trabajadores, imponiéndoles dicho permiso. Si bien el permiso era remunerado, los trabajadores perdían no obstante muchas prestaciones, como por ejemplo las horas extraordinarias y, lo que es más, la vivienda. Además temían no volver a recuperar sus puestos de trabajo.
A pesar de que el sindicato había cumplido con el debido proceso para iniciar la huelga, la empresa la declaró ilegal y anunció que los trabajadores que se ausentaran durante más de cinco días serían despedidos. Freeport alegó que la mina tenía importancia estratégica a escala nacional, por lo que las protestas estaban prohibidas. A medida que fue pasando el tiempo, los despidos –o las “renuncias voluntarias”, como los denominaba la empresa– se fueron multiplicando.
El CEMWU escribió en repetidas ocasiones a la empresa, solicitándole que entablara negociaciones; y también al Gobierno, requiriéndole su intervención. Señaló que el permiso se había introducido de forma unilateral, sin que se hubiese llevado a cabo ninguna consulta, y que los trabajadores eran despedidos con arreglo a una selección arbitraria. A los que perdieron su trabajo y su alojamiento también se les negó el acceso a los hospitales y las escuelas de la empresa, y se cree que varias personas han fallecido porque se les negó atención médica.
El conflicto recibió apoyo internacional, entre otros de IndustriALL Global Union, que puso en marcha una campaña. A finales de octubre de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia decretó que las medidas de Freeport constituían una violación de los derechos humanos y recomendó la readmisión de los trabajadores y el pago de una indemnización por las pérdidas incurridas a los mismos.