Países Bajos

En 2019, un tribunal, que había sido recurrido por EasyJet en relación con un conflicto con el sindicato en la empresa en relación con un convenio colectivo, accedió a la demanda de EasyJet imponiendo un período de notificación más largo antes de poder realizar una acción de huelga, además de tener que comunicar la naturaleza, duración y hora de la acción prevista. EasyJet aprovechó ese plazo para trasladar a 14 pilotos belgas en sustitución de los 15 pilotos neerlandeses en huelga y seguir operando sus vuelos. De esta manera, EasyJet consiguió evitar tener que cancelar ningún vuelo, cortando de raíz la efectividad de la protesta.

Según la central sindical FNV, se han restringido numerosas acciones de huelga en base a motivos dudosos, como posibles riesgos de seguridad, inconvenientes para los viajeros, o potencial disminución de pedidos de un cliente importante.

Por ejemplo, una huelga general programa en el transporte público, que había sido convocada con suficiente antelación, se vio limitada por un dictamen del tribunal a instancias de las autoridades del Aeropuerto Schiphol, que ni siguiera estaba involucrado directamente en la huelga. Aduciendo supuestos motivos de seguridad, los sindicatos se vieron obligados a organizar un servicio de trenes al aeropuerto, medida a la que se oponía el personal ferroviario. Pese a que el tribunal afirmó que dicho servicio no perjudicaría el objetivo ni la efectividad de la huelga, esas restricciones disminuyeron el impacto previsto de la huelga.

Para la FNV, esto no sólo constituye una violación del artículo 6.4 de la Carta Social Europea, sino que además vulnera los convenios fundamentales de la OIT sobre libertad sindical.

La central sindical FNV denuncia una creciente tendencia a optar por convenios de empresa en lugar de convenios sectoriales, con la evidente intención de minimizar costos laborales a cambio de empleabilidad. Las empresas a menudo recurren a la competitividad y la empleabilidad como argumentos para incitar a sus empleados a aceptar condiciones de trabajo inferiores a nivel de empresa.

FNV denuncia asimismo la práctica habitual entre los empleadores de eludir la negociación colectiva con sindicatos representativos, negociando directamente con comités de empresa. Compañías como Ryanair, Transavia, los supermercados Jumbo, Gall&Gall, Action y los supermercados Lidl tienden a recurrir a este tipo de táctica. Según la central sindical, la negociación colectiva está erosionándose en los Países Bajos como consecuencia de ello.

Según la central sindical FNV, aunque la legislación laboral neerlandesa garantiza a los empleados protección frente al despido a causa de su pertenencia a un sindicato, dicha protección no es extensiva a los miembros del sindicato con contratos puntuales o temporales. En la práctica, las compañías muchas veces se libran así de sindicalistas que participan en actividades de la FNV.

En numerosas ocasiones, Ryanair utilizó amenazas e intimidaciones para obligar a sus trabajadores/as neerlandeses a reemplazar a sus compañeros en huelga en otros países a lo largo de 2018. La negativa a un traslado temporal de este tipo se consideró una falta grave, sujeto a una advertencia y, en caso de repetirse, ser objeto de un despido disciplinario.

En 2018, varias empresas pasaron totalmente por alto el proceso de negociación colectiva y decidieron negociar directamente con los trabajadores/as. Jumbo Supermarkets y Gall & Gall evitaron las negociaciones con los sindicatos y promovieron un acuerdo de empresa firmado por el consejo de trabajadores. Los supermercados Lidl intentaron aplicar las mismas tácticas. Plataformas como Deliveroo, Helpling o Temper se opusieron persistentemente a las negociaciones colectivas y, en cambio, promovieron una regulación unilateral de las condiciones de los trabajadores/as mediante contratos individuales.

Ryanair evitó sistemáticamente entablar negociaciones serias con los sindicatos al proponer términos y condiciones irrazonables y practicando como chantaje el enfoque de «lo toman o lo dejan», por ejemplo, durante las negociaciones de un plan de despido colectivo. FME (la organización de empleadores para el sector de la metalurgia y la electrónica) entretuvo a los sindicatos en un proceso de negociación de un convenio colectivo que duró un mes, solamente para presentar en la reunión final 15 nuevas demandas. Al añadir demandas que nunca se habían discutido anteriormente, las organizaciones de empleadores lograron frustrar las negociaciones, afectando de manera duradera a la confianza entre las partes.

FNV deploró varios incidentes de discriminación e intimidación a miembros sindicales que tuvieron lugar en 2018. En Jumbo Supermarkets, un trabajador y un delegado de FNV se enzarzaron en una pelea. Dicha conducta puede ser sancionada con el despido por motivos disciplinarios y es una práctica aceptada sancionar por igual a todos los involucrados. Sin embargo, la dirección aprovechó esta oportunidad para despedir únicamente al representante sindical. En Deliveroo, la dirección contrató a todos los solicitantes de empleo, excepto a los dos únicos que eran miembros del sindicato FNV. Además, la dirección de Ambulance Netherlands participó sistemáticamente en la intimidación de los miembros sindicales, mientras que la dirección de ISS Cleaners centró sus medidas de represalia, tales como el despido o traslado a otro lugar de trabajo, contra todos los trabajadores/as miembros del sindicato.

FNV informó que en 2018 la municipalidad de Hendrik-Ido-Ambacht calificó una huelga de «evento». Esta calificación implicaba la aplicación de un marco legislativo diferente al correspondiente a una huelga. Como resultado, un sindicato afiliado a la FNV que tenía la intención de organizar una acción de huelga necesitaba garantizar el cumplimiento de exhaustivas normas de salud y seguridad o exponerse a sanciones. Tras un prolongado procedimiento y numerosos intercambios con la municipalidad, finalmente la huelga tuvo lugar. Sin embargo, la FNV considera este tipo de recalificación abusiva como un obstáculo potencial para el ejercicio efectivo del derecho de huelga en el futuro.

Hace algunos años, un sindicato afiliado a la central sindical Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) inició un proceso judicial contra el Gobierno en relación con una opinión de la autoridad de la competencia Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA), desalentando la negociación colectiva sobre las condiciones de trabajo subcontratado (esto es, el trabajo realizado por personas que no trabajan necesariamente bajo la estricta autoridad del empleador y que pueden tener más de un lugar de trabajo). El 1 de septiembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones de La Haya dictaminó que la ley de la competencia no impide que un convenio colectivo requiera que un empleador aplique las disposiciones del convenio colectivo a los empleados por cuenta propia, y en particular, que aplique determinadas tasas (mínimas).

Pese a este dictamen, la autoridad neerlandesa de consumidores y mercados Autoriteit Consument en Markt (ACM, que reemplazó a la NMA) sigue negándose a reconocer ampliamente los derechos de negociación colectiva a los trabajadores por cuenta propia que trabajan codo con codo con los empleados fijos, denegando a esos trabajadores y empleados unos ingresos justos y permitiendo o incluso promoviendo la competencia desleal. Esta posición contraviene claramente las normas de la OIT, y en particular el Convenio No. 98. A este respecto, la OIT ha recordado recientemente al Gobierno neerlandés que el derecho a la negociación colectiva también debería ser aplicable a las organizaciones que representan a los trabajadores por cuenta propia.

La central sindical Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) ha informado que en 2017 varios empleadores eluden deliberadamente la negociación colectiva con los sindicatos representativos, favoreciendo la conclusión de convenios con comités de empresa. Esta práctica es contraria a lo dispuesto en el Convenio No. 98 de la OIT y despoja a la negociación colectiva y a los convenios colectivos de toda legitimidad y credibilidad.

En febrero de 2017, los trabajadores convocaron una huelga en Recticel, una compañía manufacturera que fabrica espumas de poliuretano flexibles y aislamiento para ropa de cama y automoción. Más tarde ese mismo año, la dirección represalió a los huelguistas, acordando primar de fin de año únicamente a aquellos trabajadores que no habían participado en la huelga.

Las medidas de represalia no son algo inhabitual en los Países Bajos. La central sindical Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) indicó que, en noviembre de 2017, los trabajadores de la empresa siderúrgica Buigcentrale Steenbergen organizaron una huelga. Tras concluir ésta, varios de los trabajadores que habían tomado parte en la acción constataron cambios en sus órdenes de trabajo, que equivalían a un descenso de categoría.

FNV manifestó asimismo su preocupación por el creciente recurso a trabajadores temporales para reemplazar a los huelguistas. Aunque esta práctica está prohibida en los Países Bajos, FNV deplora que no se aplique ninguna sanción penal (por ej. una multa) a los empleadores que contravienen la ley. El problema se ve agravado por la falta de supervisión por parte de la Inspección del Trabajo. En la práctica, los empleadores pueden evitar fácilmente las consecuencias de una huelga legítima al tiempo que comprometen seriamente el derecho de huelga de los trabajadores.