Cuatro años después del 16 de diciembre de 2011, cuando la policía asesinó al menos a 16 manifestantes e hirió a 60 más en la ciudad petrolera de Zhanaozen (Kazajstán occidental), los que organizaron y promovieron la represión todavía no habían sido juzgados. Después de la masacre, tan solo se encarceló a varios de los agentes de policía de baja graduación que dispararon y se sancionó a algunos funcionarios locales por delitos de corrupción.
Los sindicalistas y activistas a favor de los derechos humanos decidieron utilizar el cuarto aniversario de la masacre para hacer hincapié en su solicitud de respuestas. Poco se había hecho para identificar a los verdaderos responsables de lo que ocurrió. Según los activistas, las declaraciones sobre la masacre de Zhanaozen emitidas por las autoridades de Kazajstán se contradicen entre sí, contradicen las declaraciones de otros testigos y son difíciles de conciliar con las grabaciones de vídeo y audio que se realizaron aquel fatídico día.
Después de los trágicos acontecimientos, 37 habitantes de Zhanaozen fueron juzgados en abril y mayo de 2012 por su participación en la lucha de los trabajadores/as petroleros y 13 de ellos fueron encarcelados. El juez de instrucción trasladó numerosas denuncias de tortura bien documentadas y presentadas ante el tribunal a la Fiscalía del distrito de Mangistau, que se negó a iniciar una acción penal alegando falta de pruebas. La fiscalía no explicó por qué decidió no ejercer su función investigadora.
Las Naciones Unidas y las centrales sindicales internacionales presentaron numerosas peticiones para que se lleve a cabo una investigación internacional independiente. En diciembre de 2015 todavía no se había respondido a dichas peticiones.