El 1 de febrero de 2017, se recurrió a la policía antidisturbios de Sri Lanka para dispersar una protesta que realizaban unos 1.000 trabajadores del puerto de Colombo manifestando su oposición a los planes del Gobierno para privatizar la terminal oriental del puerto.
La policía levantó barricadas para impedir que los manifestantes se desplazasen hacia la Secretaría Presidencial. El partido de la oposición Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) y los sindicatos que organizaron la manifestación, tenían previsto entregar una petición solicitando la intervención del presidente Maithripala Sirisena para detener la privatización de la terminal.
Cuando la policía bloqueó la marcha, la Secretaría Presidencial prometió enviar a alguien para recoger la petición. Pero 40 minutos, sin que hubiese signo alguno de la llegada de un representante oficial, algunos trabajadores intentaron saltarse las barricadas. La policía respondió de inmediato utilizando cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Se registraron algunos heridos leves y cientos abandonaron el lugar.
Muchos de los trabajadores estaban empleados con contratos temporales a través de agencias de empleo, pese a venir realizando el mismo trabajo que los trabajadores permanentes, pero por un salario inferior, menos beneficios y sin seguridad en el empleo. Temían que su situación empeorase aún más con la privatización.