El 14 de noviembre de 2018, el Consejo de Ministros decidió prohibir las actividades del Syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire (SYNAGSP) “por contravenir la legislación relativa a las actividades sindicales”. Tras el dictamen gubernamental, el movimiento sindical en su conjunto instó al Gobierno a reconsiderar la decisión. Según el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las medidas de suspensión o de disolución por vía administrativa constituyen una grave violación de la libertad sindical (artículo 4 del Convenio nº 87).