Una serie de prohibiciones sin precedentes respecto al derecho de reunión, y restricciones a las libertades civiles básicas, fueron aplicadas tras el intento fallido de Golpe de Estado del 15 de julio.
En particular, con la implementación del Decreto Ley No. 672 –publicado en la Gaceta Oficial el 1 de septiembre de 2016– más de 50.000 funcionarios serían despedidos. Como es natural, se organizaron comunicados de prensa, marchas y protestas en respuesta a esa arbitraria decisión gubernamental. Pero la policía reprimió cualquier tipo de manifestación pacífica. Algunos ejemplos:
- El 9 de septiembre se impidió la publicación de un comunicado de prensa respecto a una protesta convocada en Diyarbakir y cerca de 70 miembros de la confederación del sector público Kamu Emekçileri Sendikalari Konfederasyonu (KESK) fueron detenidos; muchos de ellos serían además demandados por vulnerar la Ley 2911 sobre manifestaciones y reuniones públicas;
- El 10 de noviembre, el Sindicato de los Trabajadores de Servicios Sociales y Sanitarios (SES) organizó una acción colectiva en protesta por los despidos colectivos injustificados y la declaración del Estado de Emergencia. La intervención policial se saldó con la detención de varios participantes, incluyendo el copresidente de SES y miembros de su ejecutiva central;
- El 14 de diciembre, se elaboró una nota de prensa en relación con una protesta del sindicato de trabajadores de empresas públicas del sector de la energía frente al Ministro de Energía. La protesta sería impedida por la policía y el presidente de ESM Ankara, Murat Çeşme, junto con otros miembros del sindicato, Ömer Faruk Kök, Özkan Boğan y Volkan Yaramiş, serían detenidos;
- El 21 de diciembre, KESK organizó una marcha bajo el lema “Quiero mi trabajo y mi pan”, que estaba previsto se iniciase en Estambul para terminar en Ankara. El día de la marcha, agentes de la policía rodearon el punto de inicio de la misma, la plaza Kadıköy, atacando a los participantes con porras, escudos, gas pimienta y balas de goma.