En abril de 2014, Human Rights Watch manifestó su preocupación por el hecho de que el Gobierno camboyano hubiese limitado drásticamente el registro de sindicatos. Estas conclusiones se basaban en las licencias oficiales concedidas por el Gobierno desde 2011 y entrevistas con líderes y representantes sindicales.
Varias federaciones sindicales independientes han indicado estar inquietas ante una suspensión de facto del registro de sindicatos, apoyándose en datos del Ministerio de Trabajo que sugieren una reducción dramática en cuanto al registro de sindicatos en diciembre de 2013. Los responsables no pudieron facilitar información sobre nuevos registros en 2014, pero indicaron que había entre 50 y 60 solicitudes pendientes. Según la ley camboyana, la capacidad de acción de los sindicatos se ve drásticamente reducida si no cuentan con el registro oficial.
La disminución en el registro de sindicatos podría venir a reflejar la revisión de las regulaciones sobre el registro de sindicatos, Prakas 21, según HRW. Representantes sindicales indicaron a HRW que los funcionarios del ministerio no aceptaban solicitudes para el registro de sindicatos o para comunicar cambios en la directiva sindical en tanto se estuviesen revisando los procedimientos. Dijeron que el Gobierno no ha consultado a los sindicatos respecto a dichos cambios.
Recientes solicitudes efectuadas a los responsables de las federaciones sindicales por parte de los reguladores estatales parecen sugerir que el Ministerio de Trabajo de Camboya está aplicando procedimientos innecesariamente complejos para el registro de sindicatos y la comunicación de cambios en la directiva sindical, incluyendo la necesidad de obtener un certificado del Ministerio de Justicia para probar que ninguno de los representantes sindicales tenga antecedente penales, lo que podría suponer un proceso muy largo.
Los representantes sindicales propuestos en espera de disponer de dicho certificado estarían expuestos a medidas de represalia por parte de la patronal, según comunicaron los sindicatos independientes a HRW. Seguir extendiendo el proceso de espera no hace sino incrementar el riesgo de acoso y posibles despidos.