Unos 8,3 millones de migrantes están empleados legalmente en Arabia Saudita, y constituyen entre el 90 y el 95% de la mano de obra en el sector privado. Muchos son víctimas de numerosas explotaciones, algunos en condiciones análogas a la esclavitud. En muchos casos, los trabajadores y trabajadoras migrantes sufren abusos por parte de las agencias de contratación, que les prometen mucho más de lo que reciben una vez llegan a Arabia Saudita.
El sistema de kafala (patrocinio) vincula el permiso de residencia de los trabajadores migrantes a la buena voluntad de sus empleadores. Un migrante no puede cambiar de empleador ni abandonar el país sin el acuerdo por escrito de su primer empleador o garante. Este sistema favorece los abusos, como la confiscación del pasaporte por parte del empleador, el trabajo forzoso, la retención de salarios, etc. El patronazgo y la lentitud de los procedimientos judiciales hacen que un trabajador migrante en conflicto con su empleador se encuentre en un callejón sin salida: no puede seguir trabajando ni tampoco volver a su país. Pese a la confiscación de su pasaporte, algunos se escapan y acuden a buscar asistencia a sus embajadas. Un periódico indonesio reveló que entre el 19 de septiembre y el 24 de octubre, el Consulado de Indonesia en Jeddah había emitido 4.550 documentos de viaje a trabajadores/as que se habían fugado del domicilio de sus empleadores luego de no haber sido remunerados o tras haber sufrido otros abusos. Se trata esencialmente de trabajadoras del hogar y chóferes.