El 7 de febrero de 2018, 14 trabajadores migrantes birmanos debían comparecer en un juicio por difamación en un caso pendiente desde hacía tiempo. Los cargos fueron presentados por la granja avícola donde trabajaban, Thammakaset Company Limited, luego de que informasen sobre los terribles abusos a los que habían sido sometidos.
Los trabajadores presentaron una queja en julio de 2016 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia (NHRCT), afirmando que la compañía les pagaba menos del salario mínimo, no pagaba horas extra, restringía la libertad de movimiento de sus trabajadores y confiscó documentos de identidad, incluyendo sus pasaportes. En agosto de 2016 la NHRCT dictaminó que Thammakaset Co Ltd efectivamente no pagaba el salario mínimo ni horas extraordinarias, ni tampoco acordaba suficientes vacaciones, pero rechazó las alegaciones de trabajos forzosos. La respuesta de la empresa sería presentar cargos por difamación contra los trabajadores por haber manchado su reputación. Thammakaset presentó asimismo cargos en noviembre de 2016 contra Andy Hall, de la Migrant Workers’ Rights Network por haber comentado el caso de los trabajadores birmanos en las redes sociales. En diciembre de 2016 un tribunal laboral declaró a Thammakeset culpable de violar la Ley de Protección Laboral, y le ordenó pagar una indemnización, pero la compañía apeló al Tribunal Supremo.
Se está recurriendo cada vez más a recurrir a acusaciones por difamación como medio para impedir que los trabajadores migrantes informen sobre posibles abusos. Los migrantes son ya muy vulnerables, dado que no se les permite formar sindicatos para proteger sus intereses.
En audiencias preliminares en agosto de 2017, Thammakaset reactivó acusaciones de robo contra dos trabajadores supuestamente por haber “robado” sus tarjetas de registro de horas (los trabajadores mostraron las tarjetas a los inspectores para demostrar sus afirmaciones sobre jornadas de trabajo excesivas), a pesar de la decisión de la fiscalía provincial en junio de 2017 de abandonar esos cargos por considerarlos infundados.
De ser declarados culpables, los trabajadores birmanos podrían enfrentarse a penas de hasta un año y medio de prisión, mientras que Andy Hall podría ser condenado a hasta siete años de prisión.