El 14 de julio de 2015, el parlamento de Ucrania, el Verkhovna Rada, aprobó el proyecto de ley “sobre el Registro Estatal de Entidades e Individuos Legales – Empresarios y Grupos Comunitarios” en primera lectura. El proyecto de ley incluye enmiendas a la Ley sobre Sindicatos que debilitarían gravemente la autonomía de las organizaciones sindicales y socavarían su democracia interna. No hubo ningún tipo de consulta sobre el texto del proyecto de ley con los sindicatos ni las organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto de ley anula las actuales leyes que exigen al Estado la legalización de los sindicatos recién formados, sin discriminación ni retrasos. En su lugar, se aprueba un proceso arbitrario y complejo de registro estatal. El proceso que se propone complicaría notablemente la formación de sindicatos y sería fácil objeto de manipulación para denegar o retrasar el registro.
el proyecto de ley también cambia el momento en el que los sindicatos adquieren la condición de entidad legal, desde el momento en el que se aprueba el estatuto tal y como se estipula en la actual Ley sobre Sindicatos, hasta la fecha de su registro estatal. La consecuencia más probable de esta medida será un retraso de al menos 30 días, por lo que los trabajadores/as serán más vulnerables al acoso y las represalias.
El proyecto de ley también anula la disposición de la Ley sobre Sindicatos que estipula que el organismo autorizado no puede negarse a legalizar un sindicato u organización sindical y aplica en su lugar principios generales para negarse a registrar entidades legales, incluidos los sindicatos.
Además, el proyecto de ley exige que se registre la información personal de los fundadores de los sindicatos y otorga a los organismos autorizados el derecho a formar organizaciones sindicales, despojando así a los miembros de los sindicatos del derecho a crear organizaciones de base.
Otra disposición exige el nuevo registro de todas las organizaciones sindicales (que actualmente ya están registradas) y estipula un plazo de 30 días (para otras entidades legales el plazo es de 24 horas). Esto no solo complicaría el funcionamiento de los sindicatos, sus federaciones y las organizaciones sindicales a todos los niveles, sino que también sugiere que la ley está dirigida intencionalmente contra los sindicatos para obstaculizar su registro.
El proyecto de ley introduce un estricto control estatal de las actividades de los sindicatos y las organizaciones públicas y parece que intenta permitir la injerencia y el control gubernamentales de las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos.