La discriminación antisindical y la represión de los sindicatos están experimentando un incremento significativo en Europa, ésta es esencialmente la conclusión a la que llega la sección “Europa” del Informe de 2010 de las violaciones de los derechos sindicales publicado hoy por la Confederación Sindical Internacional. Esta tendencia se refleja tanto en los bastiones tradicionales del sindicalismo de Europa occidental como en las economías en transición de Europa del Este. Además, este año, fueron detenidos alrededor de 64 trabajadores en Europa, principalmente en Turquía y Belarús.
Europa, presentada todavía hasta hace poco como modelo social a seguir en todo el mundo, se vio afectada de lleno por la crisis financiera y económica mundial, que ocasionaría el despido de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el continente, y en diversos países estallaron protestas masivas debido a la incapacidad de los Gobiernos para hacer frente a la crisis. No cabe duda alguna que los trabajadores y las trabajadoras han pagado un alto tributo a esta crisis.
Otra tendencia identificada en el informe de la CSI es la restricción del derecho de los sindicatos a la acción colectiva en varios países. El estudio explica que no es raro que se presenten quejas debido a las prácticas antisindicales. En la Federación Rusa, se remitió una queja a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación con los continuos ataques de que son víctimas los dirigentes sindicales, la injerencia del Gobierno, así como la denegación de registro y reconocimiento de sindicatos y la ausencia general de esfuerzos a la hora de investigar las violaciones de los derechos sindicales. En Bélgica, las organizaciones sindicales presentaron asimismo una queja ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, ya que este país permite que los empleadores se opongan a las acciones de huelga obteniendo la intervención de los tribunales civiles.
Turquía ha sido el escenario de numerosas prácticas antisindicales y las violaciones de los derechos sindicales siguen siendo generalizadas. Además de la casi total falta de progreso hacia el establecimiento de un marco legal que garantice el pleno respeto de estos derechos de conformidad con las normas de la UE y convenios de la OIT, los derechos de huelga y de negociación colectiva se ven afectados por severas restricciones. Los empleadores están presionando para obligar a los trabajadores a desafiliarse de los sindicatos y la injerencia en los asuntos internos de los sindicatos es una práctica común. Una tendencia preocupante es la relacionada con el recurso cada vez más frecuente al acoso jurídico contra los sindicatos o sindicalistas, que están siendo procesados por cargos de «terrorismo», como pudo constatarse con el juicio a 31 dirigentes y miembros de la Confederación Sindical Nacional de Trabajadores del Sector Público (KESK).
El informe de la CSI destaca una vez más el carácter antisindical del sistema político de Belarús. La situación de los derechos sindicales ha seguido empeorando y pese a los esfuerzos observados para corregir problemas tales como los despidos o la denegación de registro de los sindicatos, las autoridades belorrusas no se deciden a respetar el Plan de acción para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT. En algunos casos también se recurre a instrumentos jurídicos contra los sindicatos, como en Albania, donde el Gobierno ha emprendido acciones legales para despojar a los sindicatos de sus bienes, evitando así que puedan llevar a cabo efectivamente sus actividades legítimas. En Georgia y Ucrania, los empleadores han lanzado verdaderas ofensivas contra los sindicatos libres a través de un total de 106 demandas contra los sindicatos y sus dirigentes con el fin de aniquilar las organizaciones sindicales. En el Reino Unido, se puso al descubierto en marzo un inmenso proceso para elaborar listas negras de sindicalistas.
A la par de los traslados, los descensos de jerarquía, los recortes salariales, el acoso y las manipulaciones, uno de los mayores flagelos en Europa siguen siendo los despidos para obstruir las actividades sindicales. Este tipo de situaciones se observaron en Croacia, Suiza, Polonia o Ucrania. Rusia no es una excepción, con aproximadamente 60 sindicalistas despedidos a causa de sus actividades sindicales.
El derecho de huelga, recurso de acción último, es un derecho esencial que pese a estar reconocido se ha visto afectado en muchos países europeos. La práctica más común es la elaboración de listas de "servicios esenciales” que van más allá de la definición de la OIT y se utilizan para restringir las acciones de huelga o a limitar gravemente las posibilidades de convocar huelgas. En Serbia, donde en caso de mantenerse una huelga que haya sido declarada ilegal, los huelguistas participantes y el sindicato que la haya convocado pueden ser objeto de severas sanciones.
En contra de lo que podría pensarse, los funcionarios no están a salvo de las prácticas antisindicales. En Estonia, Grecia, Alemania, Turquía o Ucrania, la ley les prohíbe sencillamente participar en toda acción colectiva o les impone restricciones excesivas. En cuanto a la negociación colectiva, el derecho está terminantemente prohibido para los funcionarios en Bulgaria y Alemania.
El informe de la CSI destaca que en muchos países, la aplicación de la legislación sobre los derechos sindicales es insuficiente y que es perjudicial para los sindicatos. En Georgia y Croacia, el control y seguimiento de las violaciones de los derechos de los trabajadores es totalmente inadecuado. Por último, en los Balcanes, más de 700 trabajadores fueron víctimas de la trata de personas, lo que los llevó hasta a Azerbaiyán.
«Europa debe dar el ejemplo al respetar los derechos sindicales», afirmó Guy Ryder, Secretario General de la CSI. "La crisis económica y financiera ha sido demasiado a menudo utilizada como una excusa para que paguen los más débiles, especialmente los trabajadores y trabajadoras”.