Jamaica
La CSI no tiene ninguna afiliada en Jamaica.
Jamaica ratificó el Convenio nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) en 1962 y el Convenio nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949) en 1962.
según la ley
Libertad sindical / Derecho de sindicalización
Libertad sindical
El derecho a la libertad sindical está consagrado en la Constitución.
El derecho a la libertad sindical está regulado por la legislación.
Discriminación antisindical
La ley prohíbe la discriminación antisindical
Barreras legales al establecimiento de organizaciones
- Para establecer un sindicato se requiere autorización o aprobación previa por parte de las autoridades
- Un sindicato deberá solicitar su registro en el plazo de 30 días a partir de su establecimiento (artículo 6, Ley de Sindicatos).
- Se imponen sanciones por organizar o afiliarse a una organización que no esté oficialmente reconocida
- Si la solicitud de registro de un sindicato no ha sido enviada o ha sido rechazada, o si el registro de un sindicato ha sido cancelado, cualquier miembro del sindicato que continúe siendo miembro, y cualquier persona que participe en alguna reunión o actividad del sindicato, sabiendo que no está registrado, incurrirá en un delito sujeto en sentencia sumaria a la imposición de una multa de hasta 500 USD (artículo 6(4), Ley de Sindicatos).
Restricciones al derecho de los sindicatos a organizar su administración
- Restriciones al derecho a elegir representantes y autoadministrarse con plena libertad
- Además de la obligación del tesorero del sindicato de remitir anualmente al Registrador el estado de cuentas, certificados de auditoría, listas de miembros y cualquier cambio a los Estatutos y/o la directiva sindical, el Registrador podría solicitar en cualquier momento al tesorero o a otro representante del sindicato cuentas detalladas en relación con cualquier período específico (artículo 16(2), Ley de Sindicatos).
- Restricciones a la libertad para organizar libremente actividades y formular programas
- El Ministro dispone de amplios poderes para remitir un conflicto al arbitraje obligatorio (artículos 9, 10 y 11A, Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales).
Categorías de trabajadores a quienes la ley prohíbe o restringe la posibilidad de formar o afiliarse a sindicatos, o de ocupar cargos sindicales
- Otros funcionarios y empleados públicos
- Los funcionarios civiles quedan excluidos de la definición de trabajador(a) (‘todas las personas empleadas en un comercio o industria’) que figura en el artículo 2 de la Ley de Sindicatos.
Derecho a la negociación colectiva
Derecho a la negociación colectiva
El derecho a la negociación colectiva está reconocido por la ley.
Obstáculos legales para el reconocimiento de los agentes de negociación colectiva
- Se requiere una representatividad excesiva o un número mínimo de miembros para poder negociar colectivamente
- Un sindicato debe obtener el apoyo de la mayoría de los trabajadores con derecho a votar en una unidad de negociación propuesta para ser reconocida como agente con derecho de negociación en nombre de los trabajadores en dicha unidad (artículos 4A y 5(5), Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales). Los sindicatos únicamente pueden reclamar derechos de negociación si cada uno de los sindicatos individualmente recibe al menos el 30% de los votos (artículo 5(6), Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales). Además de establecer un elevado mínimo para la elegibilidad, esto podría conducir a una situación en que dos sindicatos minoritarios excluyan al sindicato más representativo, si este último obtuviera menos del 50% del total de votos.
Restricciones al principio de negociación libre y voluntaria
- Imposición de requisitos de procedimiento estrictos y poco razonables (por ej. plazos excesivamente cortos para alcanzar un acuerdo)
- Un sindicato al que se le reconozcan derechos de negociación en relación con los trabajadores deberá notificar al empleador, indicando que el sindicato desea negociar un convenio colectivo con el empleador, en el plazo de 15 días a partir de su reconocimiento. Las negociaciones del convenio deberán llevarse a cabo en el plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la notificación (artículo 5A, Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales).
- Procedimiento de arbitraje impuesto en caso de disputa durante una negociación colectiva, no sólo en los servicios esenciales
- El Ministro dispone de amplios poderes para remitir un conflicto al arbitraje obligatorio si: (a) la disputa guarda relación con un servicio esencial; (b) la acción pudiera resultar gravemente perjudicial para los intereses nacionales; (c) el Ministro considere que la disputa podría resolverse de forma rápida; o (d) el Ministro y el Tribunal Supremo consideran que la acción pudiera resultar perjudicial a los intereses nacionales (artículos 9, 10, 11ª y 32, Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales).
Restricciones o prohibición de negociar colectivamente en algunos sectores
- Otros funcionarios y empleados públicos
- El reconocimiento de derechos de negociación, y la obligación de los sindicatos y empleadores a negociar de buena fe no se aplican al Gobierno o a los trabajadores y trabajadoras empleados por el Gobierno (artículo 25(3), Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales).
Derecho de huelga
Derecho de huelga
El derecho de huelga está reconocido por la ley pero estrictamente regulado.
Prohibición o restricciones para ciertos tipos de acción de huelga
- Restricciones respecto al objetivo de una huelga (por ej. disputas industriales, cuestiones económicas y sociales, políticas, de simpatía o solidaridad)
- Únicamente puede llevarse a cabo una acción de huelga en relación con conflictos laborales, definidos como aquel conflicto entre uno o más empleadores u organizaciones que representen a los empleadores y uno o más trabajadores u organizaciones que representen a los trabajadores, cuando el conflicto esté relacionado con: los términos y condiciones (incluyendo condiciones físicas) de empleo; la contratación, la no contratación, la terminación o suspensión del empleo; la distribución del trabajo; cualquier cuestión que afecte los privilegios, derechos y responsabilidades de un empleador, una organización de empleador, un trabajador o un sindicato; y cualquier cuestión relacionada con los derechos de negociación en nombre de un trabajador (artículo 2, Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales). Los piquetes secundarios o de solidaridad están prohibidos (es ilegal que cualquier persona participe en un piquete si no fuese un empleador, miembro, trabajador o antiguo trabajador en la firma involucrada en la disputa laboral y hacia la cual se dirige el piquete, o si no fuese uno de los ocho directivos de un sindicato registrado) (artículo 33, Ley de Sindicatos).
- Restricciones respecto al tipo de acción de huelga (por ej. piquetes, huelgas salvajes, huelgas de celo, sentadas, huelgas de brazos caídos)
- Los piquetes son ilegales cuando, como consecuencia del número de participantes o de la manera de llevarlos a cabo, pudieran intimidar a una persona que se encuentre en el lugar del piquete, obstaculizar el acceso a o la salida del lugar, o amenazar la paz (artículo 33, Ley de Sindicatos).
Injerencia indebida por parte de las autoridades o los empleadores durante el transcurso de una huelga
- Las autoridades o los empleadores están capacitados para prohibir, limitar, suspender o cesar unilateralmente una acción de huelga
- El Ministro puede dictar una orden declarando ilegal una acción de huelga si considera que dicha acción ha ocasionado o pudiera ocasionar la interrupción en el suministro de bienes y servicios de tal naturaleza y a tal escala que podría ser gravemente perjudicial para los intereses nacionales (artículo 10, Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales). El Ministro tiene además la facultad de solicitar al Tribunal Supremo que dicte una orden para impedir que las partes involucradas en el conflicto puedan iniciar o continuar una acción cuando el Ministro considere que dicha acción podría perjudicar gravemente la economía nacional, poner en peligro la seguridad nacional o suponer un riesgo considerable de ocasionar disturbios públicos, o poner en peligro las vidas de un número considerable de personas o exponerlas a un riesgo grave de enfermedad o lesión (artículo 32, Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales).
- Las autoridades o los empleadores están capacitados para prevenir o poner fin a una huelga remitiendo el conflicto al arbitraje
- El Ministro de Trabajo dispone de amplios poderes para remitir un conflicto al arbitraje obligatorio si: (a) la disputa guarda relación con un servicio esencial; (b) la acción pudiera resultar gravemente perjudicial para los intereses nacionales; o (c) el Ministro considere que la disputa podría resolverse de forma rápida (artículos 9, 10 y 11A, Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales).
Disposiciones que socavan el recurso a acciones de huelga o su eficacia
- Excesivas sanciones civiles o penales contra los trabajadores/as y sindicatos involucrados en acciones de huelga no autorizadas
- Cualquier trabajador(a) que cese, se abstenga o se niegue a continuar trabajando, o que adopte una conducta susceptible de impedir o reducir la producción de bienes o servicios, durante una acción laboral ilegítima, incurrirá en un delito pasible de una multa de hasta 500 USD (o en caso de una acción persistente, hasta 5.000 USD) (artículo 13, Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales). La participación ilegal en un piquete puede castigarse con la imposición de una multa de hasta 10.000 USD o una pena de prisión de hasta tres meses, con o sin trabajos forzados (artículos 32 y 33, Ley de Sindicatos).
Limitaciones o prohibición de hacer huelga en algunos sectores
- Otras limitaciones (por ej. en las ZFI)
- Los trabajadores y los sindicatos en determinadas industrias están obligados a notificar al Ministro con al menos 72 horas de antelación cualquier acción laboral prevista. Estas industrias son: servicios de transporte aéreo de pasajeros, sector bananero, actividades comerciales relativas a la emisión y cancelación de moneda, servicios bancarios, industria de bauxita y aluminio, servicios marítimos, transportes públicos de pasajeros, industria azucarera y de sus sub-productos, servicios telefónicos y de turismo (artículo 5B y 5º Anexo, Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y a los Conflictos Laborales).
En la Práctica
The Bustamante Industrial Trade Union (BITU) and the National Workers’ Union warned at the end of January that the China Harbour Engineering Company (CHEC) contractors were victimising their members. The contractors warned the unions that workers who insisted on their right to union membership would be laid off, and in some cases workers had already lost their jobs.
Los sindicatos Bustamante Industrial Trade Union (BITU) y National Workers’ Union informaron a finales de enero que varios contratistas de la China Harbour Engineering Company (CHEC) estaban discriminando a sus miembros. Los contratistas advirtieron a los sindicatos que aquellos trabajadores que insistiesen en ejercer su derecho a pertenecer a un sindicato serían despedidos y, de hecho, algunos trabajadores habían perdido ya su empleo.
Nestlé Jamaica se negó a remunerar a los delegados por las horas que tuvieron que tomarse para asistir a una reunión con el Ministerio de Trabajo. En protesta por esta decisión, 130 trabajadores/as de Nestlé Jamaica en el distrito central de Santa Catalina se declararon en huelga.
El trabajo doméstico en Jamaica es precario debido a los bajísimos salarios, que no corresponden al salario mínimo, el acceso prácticamente nulo a la seguridad social y falta de respeto de otras condiciones y garantías laborales. Esta situación impide el ejercicio del derecho de asociación y la negociación colectiva.
Es una práctica común de las compañías en las zonas francas industriales (ZFI) amenazar a los trabajadores y crear “consejos obreros” pro-patronales, que interfieren en la tramitación de denuncias, pero no se les permite participar en las negociaciones colectivas sobre condiciones de trabajo o salarios mínimos. Como resultado, hasta ahora no hay sindicatos en estas zonas.
Se estima que alrededor del 20% de los trabajadores/as pertenecen a un sindicato. En algunas compañías donde ya existían, los directivos han intentado que se retire su reconocimiento. En el sector privado, los empleadores tienden a despedir a trabajadores sindicalizados para luego recontratarlos con contratos de corta duración y con menores beneficios.
Aunque el derecho a la huelga no está reconocido en la ley, se llevaron a cabo algunas huelgas durante el año. No obstante, aquellos trabajadores que participan en una huelga corren el riesgo de ser despedidos. El Ministerio del Trabajo intervino directamente en algunas disputas laborales en los lugares de trabajo, en la medida en que la ley le permite hacerlo para intentar poner fin a las huelgas.
Se estima que alrededor del 20% de los trabajadores pertenecen a un sindicato. En algunas compañías donde ya existían, los directivos han intentado que se retire su reconocimiento. En el sector privado, los empleadores tienden a despedir a trabajadores sindicalizados para luego recontratarlos con contratos de corta duración y con menores beneficios.
La trata de personas surge como consecuencia de varias condiciones que afectan al país: es un lugar de donde son originarias personas víctimas de trata, e igualmente por Jamaica transitan o llegan como destino final personas que son sometidas a esta situación. Aunque el Gobierno de Jamaica ha dado algunos pasos para procesar a los responsables de la trata de personas, este Estado continúa sin cumplir de manera plena las normas mínimas para la eliminación de este flagelo.