Italia - 2012

En 2011, el desempleó se incrementó de manera significativa, especialmente entre los jóvenes, alcanzando tasas récord del 39% en las regiones del sur. La especulación financiera contribuyó al colapso del presupuesto del Estado, y la deuda nacional se situó en el 120% del PIB. El Gobierno respondió con importantes recortes en el gasto público, reduciendo servicios sociales e imponiendo enormes sacrificios sobre todo a los trabajadores, pensionistas y autoridades locales.

En noviembre, el Gobierno Berlusconi dimitió, dando paso a un nuevo Gobierno de “coalición nacional”, contando con un amplio apoyo en el Parlamento (95%), y cuyo principal objetivo sería evitar el colapso financiero del Estado.

Las primeras reformas introducidas por el Gobierno Monti atacaron principalmente el sistema de pensiones, introduciendo el requisito de 41-42 años de servicio para poder cobrar una pensión completa (actualmente se basa en una pro-rata de las contribuciones) y elevando la edad de jubilación a los 67 años tanto para los hombres como para las mujeres, progresivamente desde 2013 a 2022.

Como resultado de ello, cientos de miles de trabajadores mayores, despedidos por las empresas antes de la aprobación de la nueva ley (en muchas ocasiones en base a convenios colectivos negociados), se encuentran de momento sin trabajo y sin poder cobrar la jubilación.

El derecho a la huelga huelga Forma más común de acción industrial, la huelga es el paro concertado del trabajo por parte de los empleados durante un tiempo limitado. Puede asumir diversas formas.

Véase huelga general, huelga intermitente, huelga rotatoria, huelga de brazos caídos, huelga de solidaridad, huelga salvaje resulta problemático en los servicios esenciales servicios esenciales Servicios cuya interrupción cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población. Pueden estar incluidos el sector hospitalario, los servicios de suministro de agua y electricidad, y el control del tráfico aéreo. Las huelgas pueden ser restringidas o incluso prohibidas en los sectores esenciales.

Véase Guía de la CSI sobre los derechos sindicales internacionales , puesto que la duración y los motivos para convocar una huelga huelga Forma más común de acción industrial, la huelga es el paro concertado del trabajo por parte de los empleados durante un tiempo limitado. Puede asumir diversas formas.

Véase huelga general, huelga intermitente, huelga rotatoria, huelga de brazos caídos, huelga de solidaridad, huelga salvaje han de ser anunciados con antelación.

En 2009, el Gobierno congeló los salarios de los funcionarios públicos durante cuatro años, introduciendo asimismo reducciones de plantilla, cancelándose todos los contratos precarios en la educación pública, en la investigación y en la administración pública en general. Tan sólo en el sector de la educación pública esto supuso la pérdida de cerca de 150.000 puestos de trabajo. En 2010 el Gobierno procedió además a ampliar la edad de jubilación para las mujeres en la función pública, pasando de los 60 a los 65 años, una vez más sin consultar previamente con los interlocutores sociales interlocutores sociales Sindicatos y empleadores o las organizaciones que los representan. . El Gobierno introdujo asimismo un nuevo sistema general para retrasar la jubilación de uno o dos años para todos aquellos que lleguen a la edad legal de la pensión.

En 2011, la adopción del semestre europeo y del Pacto por el Euro Plus por parte del Consejo Europeo, supuso la imposición de severas medidas al presupuesto italiano con vistas a reducir la deuda. Esta decisión hizo que se redoblase la tendencia a introducir recortes en el gasto público, con reducciones adicionales de contratos precarios en el sector público, particularmente a nivel de la administración pública, lo que supondría la pérdida de 35.000 puestos de trabajo.

La legislación italiana no garantiza a los trabajadores/as migrantes los mismos derechos, condiciones y protección que a los ciudadanos italianos. Los migrantes quedan excluidos de los empleos en la función pública, y existen diferencias en los acuerdos de reciprocidad respecto a las pensiones, así como en cuanto al acceso a viviendas sociales. En relación con las redes de seguridad social y las políticas de re-empleo sí que se aplican los mismos derechos, aunque en el caso de los trabajadores/as migrantes existe una limitación de seis meses, vinculada a la duración del permiso de residencia en el país para buscar un trabajo, frente a 12 meses para los nacionales.

Más de 500.000 migrantes irregulares siguen viviendo y trabajando en el mercado negro en Italia. Los sindicatos han denunciado violaciones sistemáticas de los derechos humanos y sindicales de los trabajadores/as, esencialmente migrantes, en base al sistema de contratación bajo el control de capataces (caporalato). Los sindicatos estiman que miles de trabajadores y trabajadoras son víctimas de la trata de personas y de condiciones de esclavitud.

En 2011, como respuesta a las presiones de campañas de los sindicatos y la opinión pública, se aprobó una nueva ley reconociendo el “caporalato” como un crimen que puede implicar sentencias de hasta seis años de prisión.