Según la Comisión Nacional de Solidaridad (KSN), numerosos trabajadores y trabajadoras indonesios se vieron obligados a trabajar en condiciones laborales de explotación, ya que la mayoría de ellos estaban subcontratados y no gozaban de protección social ni seguridad laboral. La cifra de trabajadores y trabajadoras fijos en el mercado laboral formal disminuyó del 67% en 2005 a apenas el 35% en 2011. El Gobierno permite a las empresas externalizar o subcontratar a trabajadores/as para atraer a la inversión extranjera.
Los sindicatos están llevando a cabo una campaña para revisar la Ley Laboral 13/2003 y mejorar la regulación de las subcontratas y las contrataciones a través de agencias. El trabajo precario es especialmente grave en las numerosas Zonas Francas Industriales (ZFI) del país. Se calcula que el 98% de los trabajadores y trabajadoras de las ZFI en la isla de Batam (25 ZFI con 800 multinacionales, principalmente de fabricación de productos electrónicos) están subcontratados o contratados a través de agencias. Algunos trabajadores/as denunciaron haber trabajado con contratos sucesivos de tres meses, luego les contrataron a través de una agencia y por último les volvieron a emplear con nuevos contratos de corta duración – todo para impedir que los trabajadores y trabajadoras fueran fijos (los trabajadores/as empleados durante tres años en la misma empresa tienen derecho a un puesto de trabajo fijo). Los trabajadores/as afrontan bajos salarios (100 USD al mes), largas jornadas laborales y unas condiciones de trabajo especialmente peligrosas.
El Primero de Mayo y en otros momentos a lo largo del año, activistas sindicales indonesios presionaron al Gobierno para que acabara con las subcontratas y aplicara el sistema nacional de seguridad social (SJSN). Las demandas de los trabajadores/as obtuvieron un apoyo sin precedentes cuando el Tribunal Supremo de Indonesia resolvió que el Presidente, el Vicepresidente, el Presidente del Parlamento y ocho Ministros del país eran culpables de no haber aplicado la ley sobre el Sistema de Seguridad Social (UU SJSN y RUU BPJS). El Tribunal ordenó a los demandados que aplicaran la ley de Seguridad Social mediante la introducción de regulaciones para el establecimiento de un Sistema Nacional de Seguridad Social.